inicia sesión o regístrate.
A más de 24 años del crimen que conmocionó a Salta, uno de los responsables del asesinato del sacerdote Ernesto Martearena comenzó a recibir el beneficio de salidas transitorias, un paso previo dentro del régimen progresivo de ejecución de la pena hacia una futura evaluación de libertad condicional.
Según una alta fuente consultada por El Tribuno, quien lo confirmó en forma exclusiva, el beneficiario es Marcelo Castillo, uno de los dos condenados por el brutal homicidio ocurrido en 2001. Las salidas no son de viernes a domingo, como indicaban algunas versiones, sino que se realizan dos veces al mes, en días separados y en semanas diferentes, por disposición judicial. “Después, según su comportamiento, podrían otorgarle salidas de viernes a domingo para luego regresar al penal, y esto sería el paso previo a conseguir la libertad condicional”, le aseguró la fuente consultada a El Tribuno. Tanto Castillo, que en 2001 tenía 19 años, como Javier Alfredo Alanís Colausti recibieron prisión perpetua.
En las últimas horas también circularon rumores que señalaban que el beneficiado podría ser Javier Alfredo Alanís Colausti, el otro condenado por el crimen, algo que finalmente fue descartado.
La autorización de estas salidas transitorias generó preocupación en sectores de la comunidad católica salteña y en personas que participaron activamente del trabajo social que impulsaba el sacerdote, quien era reconocido por su labor en comedores comunitarios y hogares donde se brindaba asistencia a unas 2000 personas en situación de vulnerabilidad.
El crimen que marcó a la provincia
El asesinato del padre Martearena ocurrió en octubre de 2001, dentro de la casa parroquial de la iglesia Nuestra Señora de Fátima, donde el sacerdote vivía solo.
Aquella noche, según la reconstrucción judicial, Martearena cenó con un sacerdote y un abogado amigos, y luego regresó a su domicilio. En horas de la madrugada, alrededor de las 2, llegaron Marcelo Castillo y Javier Alanís Colausti, quienes, según sus propias declaraciones posteriores, se encontraban bajo los efectos de drogas.
Ambos ingresaron con facilidad porque eran personas conocidas por el sacerdote. Una vez dentro, le exigieron dinero. Ante la resistencia, se produjo una violenta pelea en la que tomaron un cuchillo de la cocina y lo apuñalaron 18 veces, según consta en las crónicas de El Tribuno.
Luego trasladaron el cuerpo al dormitorio del primer piso, lo cubrieron con mantas, rociaron el lugar con gasoil y whisky e intentaron incendiarlo para borrar huellas, aunque la humedad impidió que el fuego se propagara con mayor intensidad.
El botín fue mínimo: unos 100 pesos y una tarjeta del Banco Galicia. Con esa tarjeta, Alanís intentó retirar dinero de un cajero automático, pero al no conocer la clave, el plástico fue retenido. Sin embargo, su rostro quedó registrado en las cámaras de seguridad y luego fue difundido, lo que permitió su rápida identificación y posterior detención en San Salvador de Jujuy.
Castillo, por su parte, fue detenido en su vivienda del barrio Norte Grande y terminó admitiendo su participación en el crimen, al igual que Alanís.
Un caso que sigue generando impacto
Más de dos décadas después, el caso del padre Martearena sigue teniendo un fuerte peso simbólico y emocional en la sociedad salteña. Su tarea pastoral y social dejó una huella profunda, especialmente en los sectores más vulnerables.
La confirmación, en primicia por El Tribuno, de estas salidas transitorias vuelve a poner en alerta a la sociedad salteña ante uno de los asesinatos que quedaron marcados en la memoria colectiva de la provincia.