inicia sesión o regístrate.
La mañana del 12 de marzo de 2024, la avenida Circunvalación Oeste, uno de los corredores viales más transitados y estratégicos de la ciudad de Salta, era escenario de tareas habituales de obra. Máquinas en movimiento, personal señalizando niveles y un ritmo de trabajo que, como tantos otros días, parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, en cuestión de segundos, una maniobra mal ejecutada y una maquinaria en condiciones deficientes transformaron esa rutina en una tragedia.
Un obrero vial, que se encontraba trabajando delante de una motoniveladora, fue aplastado por una máquina compactadora neumática que realizaba maniobras en el sector de acceso al barrio Grand Bourg. El impacto le provocó politraumatismos gravísimos. Pese al traslado urgente al hospital San Bernardo, el trabajador falleció ese mismo día.
A más de un año del hecho, el proceso judicial dio un paso decisivo. El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, requirió la elevación a juicio ante el Juzgado de Garantías 7 del distrito Centro contra tres hombres, a quienes considera responsables del delito de homicidio culposo.
Según el requerimiento fiscal, Juan Carlos Copa deberá responder como autor de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, en su rol de operador de la máquina compactadora involucrada en el hecho. En tanto, Fernando Martín Medina y Gregorio Guerrero Méndez fueron imputados como autores de homicidio culposo por omisión, debido a las funciones que desempeñaban dentro de la empresa encargada de la obra.
La acusación sostiene que Copa conducía la compactadora sin contar con licencia habilitante vigente y que ejecutó una maniobra negligente, sin advertir la presencia del trabajador que se encontraba señalizando estacas de nivelación. Esa acción directa, de acuerdo con la hipótesis fiscal, fue el desencadenante inmediato de las lesiones que derivaron en la muerte del obrero.
Pero el caso no se agota en la conducta del conductor. La investigación avanzó sobre un plano más amplio de responsabilidades. En el caso de Medina, jefe de mantenimiento y producción, y de Guerrero Méndez, mecánico responsable del mantenimiento de las máquinas, el fiscal les atribuye una conducta omisiva relevante. Según el expediente, ambos habrían permitido la utilización de una máquina en pésimo estado mecánico, sin los controles ni reparaciones necesarias, incrementando de manera significativa el riesgo operativo en el frente de obra.
Las pericias técnicas incorporadas al expediente resultan centrales para el pedido de juicio. De acuerdo con los informes accidentológicos y mecánicos, la máquina compactadora presentaba graves fallas de seguridad, entre ellas frenos defectuosos, ausencia de alarma sonora de retroceso, falta de bocina, luces inoperantes, espejos inexistentes y pérdidas de fluidos. Para la fiscalía, este cuadro técnico no solo incumplía normas básicas de seguridad laboral, sino que configuraba un riesgo concreto y evitable para quienes trabajaban en el lugar.
El requerimiento de elevación a juicio detalla además una amplia producción probatoria, que incluye testimonios de trabajadores y responsables de la obra, informes periciales, la historia clínica de la víctima, el resultado de la autopsia y otros elementos que, según López Soto, permiten sostener con solidez la acusación y someter el caso a debate oral.
Más allá de las imputaciones individuales, el expediente pone bajo la lupa las condiciones de seguridad en obras viales, un tema sensible en una ciudad que crece y se transforma de manera constante. La causa plantea interrogantes de fondo sobre los controles internos de las empresas, la habilitación del personal, el estado del parque de maquinarias y la responsabilidad de los mandos técnicos frente a riesgos conocidos.
Con el pedido de juicio ya formulado, será ahora el Juzgado de Garantías 7 el que deberá resolver si la causa avanza a la etapa de debate oral. Allí, las responsabilidades individuales y las omisiones señaladas por la fiscalía quedarán expuestas ante el tribunal, en un proceso que buscará establecer hasta qué punto una combinación de negligencia, imprudencia y falta de controles terminó costándole la vida a un trabajador en plena jornada laboral.