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El paso del tiempo no logró cerrar una herida que sigue abierta. Cada enero, el nombre de la familia Gill vuelve a resonar como uno de los grandes enigmas criminales del país: seis personas que salieron de escena sin dejar rastros, en un contexto rural, aislado y atravesado por silencios que todavía pesan. A más de dos décadas de aquella mañana de verano, el caso volvió a tomar impulso, pero las respuestas siguen sin aparecer.
El domingo 13 de enero de 2002, en el establecimiento rural La Candelaria, en las afueras de Nogoyá, fueron vistos por última vez Rubén “Mencho” Gill, su esposa Margarita Gallegos y sus cuatro hijos: María Ofelia (12), Osvaldo José (9), Sofía Margarita (6) y Carlos Daniel (2). Desde entonces, no hubo comunicaciones, testigos directos ni pruebas concluyentes que permitieran reconstruir qué ocurrió con la familia.
Rubén Gill se desempeñaba como peón rural en la estancia. Vivía allí con su familia y mantenía una relación laboral conflictiva con el propietario del campo. Con el correr de los años, ese vínculo se transformó en uno de los ejes centrales de la investigación. Durante mucho tiempo, la causa avanzó de manera errática: demoras, hipótesis inconclusas y medidas tardías marcaron un expediente que parecía condenado al estancamiento.
Recién tres meses después de la desaparición se realizó la denuncia formal. Quien la presentó fue Alfonso Goette, dueño del establecimiento, quien sostuvo que había otorgado vacaciones a la familia y que nunca regresaron. Ese dato resultó clave: los propios familiares de los Gill se enteraron de la desaparición a partir de esa presentación, no antes.
Excavaciones tardías y una causa que se enfrió
El tiempo jugó en contra. Las primeras excavaciones en el campo se realizaron más de un año después, cuando ya era difícil preservar indicios. En el medio, disputas judiciales y cambios de criterio frenaron líneas investigativas que nunca llegaron a fondo. Durante años, el expediente se mantuvo bajo la carátula de averiguación de paradero, una figura que, según los especialistas, limitó el alcance de las medidas más profundas.
En 2015, la causa quedó a cargo del juez Gustavo Acosta, quien reconoció públicamente que existían elementos sensibles: un juicio laboral iniciado por Gill por presuntos maltratos y una hipótesis de índole personal vinculada a la paternidad del hijo menor de la familia.
La reapertura en 2025 y una acusación directa
El giro más reciente llegó a mediados de 2025, cuando el abogado querellante Marcos Allende se incorporó formalmente al expediente y revisó el contenido de las 18 fojas que componen la causa. Tras ese análisis, impulsó nuevos pedidos y planteó una hipótesis contundente: la familia Gill nunca salió del campo.
Allende sostuvo que existió un delito grave y apuntó directamente contra Alfonso Goette, fallecido en un accidente de tránsito en 2016. Aunque nunca fue imputado, siempre figuró como el principal sospechoso para investigadores y allegados al caso.
Goette, en vida, negó cualquier responsabilidad y dejó una frase que quedó grabada en la historia del expediente: “Cómo los voy a querer matar si el más chico es hijo mío”.
Recompensa vigente y una esperanza que resiste
Hoy, a 23 años de la desaparición, el caso sigue oficialmente abierto. El Estado mantiene vigente una recompensa de 12 millones de pesos para quienes aporten datos concretos que permitan localizar a Rubén Gill, Margarita Gallegos y sus hijos, o esclarecer qué ocurrió aquel domingo de enero.
Para la familia, el paso del tiempo no diluyó la expectativa. La búsqueda de verdad sigue en pie, sostenida por la convicción de que alguien sabe qué pasó y que, aun después de tantos años, el silencio puede romperse.
El misterio de la familia Gill permanece como una deuda pendiente de la Justicia argentina: seis vidas borradas sin explicación, una causa que se reactiva y se apaga, y una pregunta que sigue sin respuesta en el corazón del país.