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Lejos de un control casual o un operativo de rutina, la detención se gestó a partir de una investigación silenciosa que cruzó fronteras, bases de datos y sistemas internacionales. En ese entramado, la Ciudad de Buenos Aires apareció como el último punto de fuga de un joven chileno acusado de integrar una organización criminal responsable de uno de los secuestros extorsivos más graves registrados recientemente en Chile.
El procedimiento fue llevado adelante por la Policía Federal Argentina, a través de su Dirección General de Cooperación Internacional, en el marco de una causa fiscalizada por el Ministerio de Seguridad Nacional. Sobre el detenido pesaba un pedido de captura internacional con notificación de Índice Rojo de Interpol, solicitado por el Juzgado de Garantías N°2 de Santiago, en la República de Chile.
Según la investigación judicial chilena, al joven se le atribuye haber actuado como autor intelectual y material, junto a otros miembros de una banda criminal, del secuestro de dos mujeres que circulaban en su vehículo particular. El ataque ocurrió cuando los delincuentes, armados, las interceptaron y las obligaron a descender para trasladarlas por la fuerza en otro rodado.
Las víctimas fueron llevadas a un sitio apartado, donde permanecieron privadas de su libertad mientras los captores iniciaban un proceso de extorsión sistemática contra sus familiares. Para presionar el pago, enviaron fotografías y videos que daban cuenta del cautiverio y exigieron una suma exorbitante: mil millones de pesos chilenos. Finalmente, la familia terminó abonando quinientos millones de pesos chilenos, una cifra equivalente a unos 600 mil dólares.
Con la orden internacional ya emitida, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA puso en marcha un operativo de localización que combinó la consulta de bases de datos públicas y privadas, el análisis de redes sociales y la utilización de los sistemas informáticos de la Interpol. El intercambio de información con la OCN Santiago resultó clave para confirmar que el prófugo podía estar ocultándose en territorio argentino.
Las pesquisas permitieron establecer que el joven se movía en la zona del microcentro porteño, donde convivía con su pareja. A partir de esa información, los efectivos montaron una vigilancia discreta que culminó con su identificación y detención en un inmueble ubicado sobre calle Moreno al 500, sin que se registraran incidentes.
Tras el arresto, el acusado quedó a disposición del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº2, a cargo del juez Sebastián Roberto Ramos, con intervención de la Secretaría Nº3, conducida por Gimena López. El joven permanece detenido en calidad de comunicado, mientras avanza el proceso judicial con fines de extradición hacia Chile.
El caso vuelve a poner en foco la cooperación internacional en materia criminal y el rol que cumple Argentina como país de paso o refugio ocasional para personas buscadas por delitos de alta complejidad. También expone cómo bandas organizadas, incluso integradas por personas muy jóvenes, pueden manejar sumas millonarias, logística transnacional y métodos de extrema violencia, en un escenario que excede largamente las fronteras de un solo país.