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Por expresa disposición de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, la auxiliar fiscal Paula Baccaro representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia en la que el juez Federico Diez resolvió conceder la suspensión del juicio a prueba (probation) a Oscar Sosa, imputado como autor del delito de administración infiel, y homologó el acuerdo de reparación integral alcanzado con la parte damnificada.
En el marco de la resolución, el imputado abonó 25 millones de pesos mediante transferencia bancaria y se comprometió al pago de siete cuotas mensuales de un millón de pesos cada una, a partir de marzo, en concepto de resarcimiento. Asimismo, deberá realizar durante un año una donación mensual de pañales al Hospital Público Materno Infantil y cumplir reglas de conducta, entre ellas la obligación de no cometer nuevos delitos.
La intervención de la UDEC se inició en marzo de 2025, a partir de la denuncia presentada por el representante legal de una empresa dedicada a la comercialización de artículos ópticos y de audiología, contra un empleado que tenía a su cargo la administración de cuentas bancarias.
A partir de las tareas realizadas por la Unidad de Delitos Económicos-CIF -que incluyeron el análisis de movimientos bancarios, pericias contables, relevamiento documental y cruces de información patrimonial-, el equipo de la UDEC logró reconstruir la operatoria realizada durante varios años. Se determinó que, entre junio de 2020 y febrero de 2025, el acusado efectuó transferencias desde cuentas de la empresa hacia cuentas propias por más de 70 millones de pesos.
La maniobra fue advertida durante la licencia anual del imputado, cuando quien lo reemplazaba detectó una transferencia de 500 mil pesos desde la cuenta de la empresa a su cuenta personal. Al ser consultado, no pudo justificar la operación y no retomó sus funciones laborales.