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La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado en el que la jueza Gabriela Romero Nallar condenó a Héctor Rubén Jiménez a la pena de un año y tres meses de prisión de ejecución condicional.
La jueza homologó el acuerdo alcanzado por las partes, mediante el cual el imputado reconoció su responsabilidad penal como autor del delito de estafas (cuatro hechos), en el marco de dos causas acumuladas vinculadas a maniobras fraudulentas en operaciones de adquisición y disposición de vehículos, libramiento de cheques sin fondos y utilización de datos bancarios de terceros.
En la primera de las causas, se tuvo por acreditado que Jiménez simuló solvencia económica para celebrar un contrato de alquiler de un vehículo y entregó como pago cheques que luego fueron rechazados por falta de fondos. Tras obtener la tenencia del automóvil, lo vendió a un tercero sin autorización de su propietario.