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El fiscal de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°7, Leonel Gómez Barbella, solicitó el juicio oral para un abogado acusado de retirar su vehículo del playón de infractores de Recoleta sin pagar la multa ni el acarreo.
El hombre está imputado por el delito de defraudación por sustracción, que prevé una pena de un mes a seis años de prisión. La causa se inició el 9 de septiembre de 2025, tras la denuncia del supervisor del playón "SAVBA", dependiente del Área de Asistencia de Seguridad Vial del GCBA, quien informó que el dueño de una camioneta se la había llevado sin abonar los cargos correspondientes.
Según la investigación, una grúa había remolcado una Ford Ecosport mal estacionada en un espacio para personas con discapacidad, en la calle Libertad, y la trasladó al predio ubicado en Eduardo Couture 2297. Horas después, empleados advirtieron que el vehículo ya no estaba y, al revisar las cámaras de seguridad, se constató que un hombre ingresó al lugar, se subió a la camioneta y aprovechó la salida de una grúa para retirarse sin pagar.
A partir de distintas medidas ordenadas por la fiscalía, que incluyeron análisis de cámaras y consultas a bases de datos, se identificó al sospechoso: un hombre de 48 años que vivía cerca del lugar y estaba autorizado a conducir el rodado, propiedad de su hija. Dos meses después fue indagado por la jueza Vanesa Peluffo, pero se negó a declarar.
En su pedido de elevación a juicio, el fiscal valoró como pruebas el acta de infracción, los registros de titularidad del vehículo, los testimonios de empleados del playón y las imágenes de seguridad, que fueron cotejadas con datos del Renaper y confirmaron su identidad.
Gómez Barbella sostuvo que la conducta encuadra en el delito de defraudación por sustracción, ya que frustró el derecho del legítimo tenedor sobre la cosa. Además, citó jurisprudencia que avala la facultad del Gobierno de la Ciudad y sus empresas concesionarias para retener vehículos hasta el pago de los cargos, lo que refuerza la adecuación típica del hecho investigado.
El fiscal consideró que el conjunto de evidencias reunidas resulta suficiente para llevar el caso a debate oral y público, donde se determinará la responsabilidad penal del imputado. De esta manera, la causa avanza hacia su etapa final, a la espera de que la Justicia defina si el acusado deberá enfrentar un juicio por haberse apropiado del vehículo de manera irregular.