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El conflicto en la Escuela Delfín Leguizamón, que llevó a varias familias a retirar a sus hijos de clases, derivó en la intervención directa del Ministerio de Educación de Salta. Según explicó a El Tribuno Alejandro Williams Becker, subsecretario de Política Socioeducativa, este miércoles se concedió licencia a la directora Liliana Aramayo, señalada como responsable por los padres, y será desplazada a otra institución para garantizar su seguridad ante las presuntas amenazas recibidas por parte de la comunidad escolar.
El funcionario detalló que los protocolos de actuación ante situaciones de vulneración de derechos y conductas inapropiadas fueron aplicados y que las medidas adoptadas buscaron resguardar a los estudiantes y docentes sin comprometer la continuidad educativa.
Respecto a los episodios reportados en los medios como posibles casos de abuso sexual, Williams Becker aclaró que, tras el abordaje educativo, no se constató que existiera un abuso real. Según el subsecretario, los hechos correspondían a "conductas inapropiadas dentro del contexto del desarrollo evolutivo de los alumnos", que fueron atendidas siguiendo los protocolos del Ministerio y con medidas preventivas para proteger a todos los estudiantes involucrados.
“Los episodios tal cual han sido redactados no son de una anomalía absoluta ni de una atipicidad absoluta en términos de cosas que ocurren a esa edad. Lo que salió ventilado por la prensa, a través de testimonios, presumiblemente de los padres, no configuraba para nada algo que pudiera asimilarse a un abuso”, declaró el funcionario.
Además, destacó que la intervención incluyó acompañamiento interdisciplinario, con psicólogos y pedagogos, y que todas las acciones fueron coordinadas con los padres para garantizar la seguridad y la continuidad educativa de los niños. “Se tomaron medidas preventivas, como la educación domiciliaria temporal para algunos alumnos señalados como perpetradores de estas conductas inapropiadas, con el consentimiento de los padres y con un abordaje interdisciplinario”, explicó el subsecretario.
Uno de los fuertes reclamos de las familias fue que se habría relativizado la situación de estas conductas inapropiadas como "cosas de la edad". Al respecto, Williams Becker señaló: "Quizás sí alguna expresión puede haber sido desafortunada, no me consta, pero yo entiendo esto que a veces puede pasar que en el decir bueno 'es un juego' se le baja el precio a algo más serio o que puede estar escalando y ahí por supuesto que lo recomendable es un criterio más prudencial".
El subsecretario aclaró que la percepción de los padres sobre la minimización de los hechos no refleja la totalidad de las intervenciones: “Se han aplicado los protocolos y se han realizado derivaciones pertinentes, incluso ante episodios de bullying sistemático”, sostuvo. También indicó que la participación de los padres es clave para lograr una convivencia escolar saludable.
Otro de los puntos que generó preocupación entre los padres fue la circulación de material pornográfico en chats de WhatsApp de alumnos. Al respecto, Williams Becker explicó que “en términos de nuestra competencia nos excede, porque no podemos acceder a verificar el contenido que se envía en un grupo al que pertenece un alumno, ya que eso pertenece al ámbito privado y bajo la responsabilidad civil de los padres que facilitan el dispositivo”.
Williams Becker afirmó que el conflicto escaló en parte debido a la falta de confianza de algunos padres en la dirección del establecimiento y que se atendió la seguridad de docentes y funcionarios ante posibles amenazas. "A veces el grado de conflictividad de una escuela no es reveladora necesariamente de un déficit de la gestión, sino que está inevitablemente conectado al nivel de conflictividad social del entorno escolar", declaró el subsecretario.
En relación al episodio de marihuana en la escuela, aclaró que se trató de casos aislados y no de consumo generalizado dentro del establecimiento. “Hubo un caso en el que se relevó un residuo de marihuana, pero correspondía a elementos provenientes del BSPA, que comparte parte del edificio y generó esa reacción”, explicó.
Agregado a los cuestionamientos hacia la dirección del establecimiento, los padres señalaron al supervisor Aldo Aranda por supuestamente apoyar o tener un vínculo de amistad con Aramayo y “querer tapar lo que estaba pasando”. Sobre esto, Alejandro Williams Becker aclaró que “en términos generales no hubo inacción porque en efecto es una escuela que tiene un montón de actuaciones labradas y un montón de actuaciones elevadas a supervisión. Después hay que requerir un análisis más pormenorizado para evaluar el criterio potencial que tuvieron las intervenciones.”
Respecto al número de familias involucradas en la protesta, Williams Becker indicó que el conflicto central surgió de un grupo de 5 a 10 madres, aunque más padres se sumaron a las reuniones convocadas por supervisión. Las clases continuarán su normal funcionamiento una vez que se estabilice la convivencia y se garantice la continuidad pedagógica de todos los alumnos “el derecho a la educación es de los niños y nos debemos ocupar de garantizarlo con los medios y recursos del sistema educativo”, pero aclaró que “la responsabilidad propiamente de mandar a los chicos a la escuela es de los padres”.