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La Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta y Jujuy (CEPRIDIASA) advirtió que el sistema de atención para pacientes renales se encuentra en “crisis terminal” debido a una deuda de la provincia que supera los cinco meses de atraso en los pagos. Según explicó el presidente de la entidad, Dr. Mario Espeche, la situación podría derivar en la suspensión inminente de servicios que dejaría sin tratamiento a 131 pacientes en la provincia.
En un comunicado oficial, CEPRIDIASA informó que el Ministerio de Salud Pública de Salta reconoció no tener recursos suficientes para afrontar las obligaciones pendientes, que datan de diciembre de 2024 y de los meses abril a julio de 2025. “Durante meses sostuvimos las prestaciones con enorme esfuerzo, acompañando la gestión pública y priorizando la vida de los pacientes. Pero hoy nos encontramos en un punto límite, sin recursos para continuar brindando el servicio”, expresa el documento.
Provincia adeuda 2 mil millones de pesos
El Dr. Espeche explicó en diálogo con El Tribuno que los centros están al borde del colapso financiero. “Hablamos de más de 300 pacientes en total que reciben tratamiento, de los cuales unos 170 son asistidos por nuestra asociación. La deuda ronda los 2.000 millones de pesos. El Ministerio ofreció apenas 100 millones por mes, una cifra que no cubre ni una fracción de lo adeudado. Con ese monto para diciembre nos deberán 4.000 millones”, indicó.
El médico precisó que el conflicto afecta a pacientes del Ministerio de Salud Pública y del programa Incluir Salud, quienes dependen del Estado provincial para recibir tratamientos de diálisis. “No estamos hablando de obras sociales. Es responsabilidad directa del Ministerio. No hay forma de seguir financiando un servicio tan oneroso. Los centros ya no pueden absorber más deuda”, remarcó.
El circuito de pago, según describió, debería cumplirse a 60 días desde la facturación, pero actualmente los centros acumulan más de cinco meses sin cobrar. “Estamos financiando al Estado. Pagamos sueldos, impuestos e insumos que son importados y deben abonarse por adelantado. No podemos seguir haciéndolo. En medicina no se puede improvisar: una interrupción en la diálisis puede significar la muerte del paciente”, subrayó Espeche.
El titular de CEPRIDIASA también advirtió sobre el impacto sanitario y humano de la crisis. “Hay pacientes de zonas muy alejadas como Joaquín V. González, Metán o Cafayate. Muchos son personas humildes que dependen del traslado que brindamos los centros. Si el sistema colapsa, no hay estructura pública que pueda absorber esa demanda”, explicó.
La respuesta oficial del Gobierno
Luego del comunicado de CEPRIDIASA, el Ministerio de Salud Pública respondió por escrito a la entidad. En la nota oficial, fechada el 23 de octubre de 2025, la cartera sanitaria indicó que, según la cláusula novena del convenio vigente, los prestadores “no pueden discontinuar por ningún motivo la prestación de los servicios contratados durante toda la vigencia del contrato”, incluso ante falta o retraso en los pagos.
El documento remarca que “de la propia literalidad de la cláusula resulta claro que los servicios comprometidos por el prestador no pueden ser interrumpidos por ningún motivo, incluido el incumplimiento en el pago”. Además, el Ministerio afirmó que ya comunicó su voluntad de pago y que busca “cancelar la deuda en el corto plazo”.
El texto también recuerda que ambas partes asumieron el compromiso de actuar bajo los principios de buena fe contractual, continuidad del servicio y celeridad administrativa, y advierte que la interrupción del servicio podría derivar en acciones judiciales para garantizar la atención de los pacientes
El costo de un paciente por mes
Los tratamientos, además, tienen un costo promedio de 2 millones de pesos por paciente por mes, incluyendo personal médico, insumos, medicamentos, traslado y mantenimiento de las plantas de agua utilizadas en los procedimientos. “Cada sesión requiere tecnología de alta complejidad. En Salta, la diálisis tiene el mismo estándar que en cualquier centro del mundo, pero eso implica una inversión enorme que hoy no podemos sostener”, detalló el médico.
Espeche destacó que los centros privados de diálisis nunca cobran a los pacientes, independientemente de su cobertura. “Ni los medicamentos, ni el traslado, ni la colación. Todo está cubierto por el sistema. Pero esa responsabilidad debe ser compartida por el Estado. No se trata de una disputa económica: se trata de vidas”, enfatizó.
Qué pasará con los pacientes afectados
La asociación solicitó formalmente al Ministerio de Salud que implemente mecanismos de contención y derivación para los pacientes que podrían quedar sin tratamiento si no se regulariza la deuda. “Queremos una transición ordenada. Si el Ministerio no puede pagar, debe hacerse cargo de la atención. No podemos ser nosotros quienes decidamos a quién se dializa y a quién no”, sostuvo Espeche.
Finalmente, el presidente de CEPRIDIASA remarcó que el reclamo no es reciente: “Hace meses venimos advirtiendo esta situación. Nos reunimos con las autoridades, hicimos propuestas, aportamos datos. Pero no hubo respuestas concretas. Hoy llegamos al límite. Si no hay una solución inmediata, el sistema de diálisis en Salta entrará en crisis terminal”.