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El abogado Humberto Pedro Burgos fue consultado ayer sobre la reforma laboral que el gobierno nacional tiene en la gatera. El letrado, especializado en esa rama del derecho, señaló que la avanzada genera preocupación porque hubo en 2024 una reforma laboral "que no benefició ninguna de las partes: ni siquiera a la parte empleadora y mucho menos a los trabajadores", remarcó.
Fondo de Cese Laboral
El expresidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta recordó que en ese momento se anunció con bombos y platillos el Fondo de Cese Laboral, y a la fecha -más de un año y medio después- "ni siquiera los empleadores quieren que se lo implemente". Burgos subrayó que a ese Fondo se publicitó como una herramienta que produciría una baja en los costos laborales, cuando tendría un efecto contrario, ya que obligaría al empleador a hacer un aporte adicional del 12% de la nómina salarial, o sea de la totalidad de los sueldos, para prever futuros despidos. "Una empresa no está pensando en despedir a todo el mundo: posiblemente a uno o dos, en alguna situación de crisis. Entonces, solo podría esperarse todo lo contrario a lo que pregonaba el gobierno. Tenemos ya un antecedente de que las herramientas legislativas no han sido beneficiosas ni para los trabajadores ni para el empleador, ni siquiera para la posibilidad de fomentar el empleo", sostuvo en diálogo con Radio Salta.
Indemnizaciones
El fundador y presidente honorario del Foro Federal que nuclea a abogados del trabajo (Fofretra) hizo notar que la reforma de julio de 2024, al eliminar también todo tipo de indemnizaciones en casos no registrados, afectó derechos laborales y empezó a mover acciones por daños y perjuicios. "Claramente, las herramientas implementadas no han sido conducentes a mejorar el empleo, sino que el desempleo aumentó más de un punto en el último tiempo", precisó.
Jornada laboral
Sobre lo que trascendió respecto del proyecto que ingresaría al Congreso, Burgos señaló que la extensión de la jornada laboral de la que se habla "forma parte de un proyecto que ya fue rechazado y suspendido". Aludió concretamente al decreto de necesidad y urgencia de 2023 cuya aplicación terminó suspendida por la Cámara nacional del Trabajo. "actualmente tenemos una jornada laboral máxima de ocho horas, que podrían llegar a nueve en algunos casos, y con 48 horas semanales. "Sería muy grave sostener un proyecto que pretenda ampliar el máximo a 60 horas semanales con hasta 13 horas por día. Además, ese modelo se implementó ya hace un tiempo en Grecia y su aplicación ha sido totalmente desfavorable, porque no hay forma de proteger la salud de los trabajadores con una jornada tan extensa. Además, según lo que trascendió, no solo no tendría reconocimiento alguno de pago adicional, sino que además reduciría el pago de las horas extras".
Burgos sostuvo que el Fondo de Cese, lejos de bajar costos laborales, los acentuaría para la generalidad de empresas. Para el abogado, sería muy grave sostener un proyecto que pretenda ampliar el máximo a 60 horas semanales con hasta 13 horas por día.
Burgos también cuestionó las modificaciones que incluiría la reforma en aspectos paritarios. "Si se confirma lo que hasta ahora trascendió, el convenio colectivo establecería un salario ya no como piso, sino como un techo, por debajo del cual las empresas podrían negociarlo de manera libre y directa con sus trabajadores. Y esto también es muy preocupante porque el convenio de empresa tendría prevalencia sobre el convenio colectivo en el que el poder de negociación reside en la fuerza gremial", acotó.