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El ministro de Gobierno de Salta, Ricardo Villada, opinó a título personal sobre la implementación del narcotest obligatorio para funcionarios del Ejecutivo y legisladores provinciales, luego de que la Cámara de Diputados se negara a tratar el proyecto en la última sesión. El funcionario aseguró que la clase dirigente debe someterse al "mayor nivel de control posible" y lamentó que el debate se haya convertido en un cruce político entre bloques.
"Todos tendríamos que ir para adelante con el narcotest", afirmó Villada, al ser consultado en Radio Salta sobre la decisión de los diputados de frenar el tratamiento de la iniciativa que buscaba instituir controles obligatorios de consumo de estupefacientes para quienes ejercen cargos públicos. El ministro aclaró que, por su rol en el Ejecutivo, evita intervenir en disputas legislativas, pero dejó claro que su posición personal es favorable: "Estoy de acuerdo. No tengo ningún problema en exponerme. Los funcionarios tenemos que dar el ejemplo", sostuvo.
El proyecto, impulsado por el diputado Juan Esteban Romero, volvió a quedar afuera del temario de la Cámara Baja en medio de acusaciones cruzadas, reproches y pases de factura que —según Villada— se han vuelto moneda corriente en la dinámica parlamentaria.
"Hoy las peleas en Diputados son constantes. Se personalizan las discusiones y todo termina en quién le habilitó o le bloqueó un proyecto al otro", cuestionó el ministro, quien deslizó que la disputa política terminó imponiéndose por encima de una discusión de fondo vinculada a la transparencia institucional y la lucha contra las adicciones.
Villada aprovechó la consulta sobre el narcotest para reforzar su postura respecto a la necesidad de endurecer los controles y cerrar filas contra el narcotráfico. Mencionó particularmente el caso reciente de la avioneta caída en Rosario de la Frontera como una muestra de las debilidades estructurales del país en materia de control aéreo.
"El avance del narcotráfico debería preocuparnos a todos. No puede haber especulación política en esto", afirmó, y añadió que los ciudadanos necesitan garantías de que "ningún funcionario, legislador o juez esté expuesto a caer en las redes" del crimen organizado.
En ese marco, Villada también ratificó el apoyo de la Provincia a una nueva ley de Derribo, a la radarización plena de la frontera norte y a las reformas pendientes en el Congreso nacional.
Estrategia política
El ministro se refirió a la reunión que el gobernador Sáenz tuvo con el ministro del Interior y el jefe de Gabinete, Diego Santilli y Manuel Adorni, en un momento en que varias provincias negocian un bloque federal de unos 15 diputados para acompañar el paquete legislativo del Gobierno nacional. Villada describió ese proceso como parte de una estrategia para garantizar que Salta tenga incidencia en decisiones nacionales clave.