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En el marco del "Ciclo de conversatorios sobre libertad de expresión" organizado por la Facultad de Humanidades y la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSa, se desarrollará hoy la conferencia: "El secreto profesional. La verdad no develada", en el anfiteatro L de esa casa de altos estudios, de 11 a 12.30 horas, con entrega de certificados a los asistentes.
Los calificados disertantes serán el juez Federal Gustavo Montoya, quién además es profesor de la cátedra de Libertad de Expresión en la UNSa; y el periodista de investigación del Diario El Tribuno, Antonio Oieni, quien recibió el premio a la excelencia periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Sobre el imperdible contenido de este conversatorio, el juez Gustavo Montoya expondrá en una primera etapa del encuentro sobre la jurisprudencia que existe en torno al secreto de las fuentes. En este sentido, Montoya adelantó: "Lo que a mi me concierne es ver cómo juega el derecho, la garantía de no revelación de las fuentes de información en el contexto de la sociedad democrática y la libertad de expresión. Veremos casos ocurridos en la Argentina y el modo en que el artículo 43 incorporado en 1994 en la reforma constitucional, dice que no se deberá revelar el secreto de la fuente informativa".
Agregó: "Creo que Argentina es un país que está a la vanguardia en ese sentido; en EEUU por ejemplo es muy debatido si se revelan o no las fuentes de acuerdo a determinadas circunstancias. En definitiva, en este país al periodismo de investigación le debemos mucho; si no fuera por Jorge Lanata, Alconada Mon o por Diego Cabot, por nombrar algunos, prácticamente no habría justicia en este país".
Por su parte, Antonio Oieni adelantó que sobre su ponencia que "se va a centrar en una investigación periodística que yo desarrollé en 1998 en Bolivia, que estaba focalizada en el accionar de bandas del crimen organizado con Epicentro en Yacuiba. En el contexto de esa investigación se desprendieron elementos que fueron claves para el esclarecimiento de un crimen posterior que ocurrió el 18 de septiembre de 1998, cuando tres miembros de una banda del crimen organizado ejecutaron en Salvador Maza a dos gendarmes, el cabo Leocadio Salto y el subalférez Mario Reynoso, que tenía solamente 21 años. Ese fue considerado el crimen más sanguinario de esa década, e inicialmente las investigaciones de las fuerzas federales apuntaron a un malviviente que integraba estas redes de crimen organizado, que era Carlos Porcel. Pero a partir de los elementos que fueron claves y que aportó aquella investigación periodística, previa a este crimen, se pudo incriminar a los verdaderos autores de ese brutal crimen de los dos gendarmes".
Añadió: "Hablo de Ramón Rojas, Teodoro Villagrán y Julio Asaa, quienes en agosto de 2005, en un juicio que llevó adelante el Tribunal Oral Federal de Salta, el único que había en ese momento y que presidía a José Antonio Solá Torino, fueron condenados a perpetua. Justamente en ese juicio, al cual fui convocado como testigo, Solá Torino insistió hasta el hartazgo para que yo revelara datos reservados de aquella investigación periodística que yo había iniciado en junio de 1998, es decir, dos meses antes del crimen de los gendarmes en Yacuiba. Obviamente, me planté y dije que bajo ningún punto de vista iba a dar detalles de esa investigación periodística que tenía un sinfín de fuentes reservadas, porque si ventilaba detalles de esa investigación, había vidas que iban a estar en riesgo. Ante mi negativa, Solá Torino le pidió al fiscal Homero Robles, que me impute por falso testimonio. Luego, obviamente, esa imputación se cayó, porque quedó claro que yo aporté los elementos a la máxima autoridad de la Agrupación Séptima de Gendarmería, que era en ese momento Edmundo Sanabria, y esos elementos fueron claves para que el crimen de los gendarmes terminara esclarecido y sus responsables condenados a perpetua en 2005".
"En líneas generales, yo voy a exponer los detalles que hoy puedo exponer, sin revelar aquellas fuentes para que, a 20 años de aquel juicio, quede sentado cuál es la importancia de que los periodistas defiendan y protejan el secreto de las fuentes periodísticas. Más aún, si tenés en cuenta que dos años después de aquel juicio, Solá Torino, quien presidía aquel tribunal que también integraban Rogelio Saravia Toledo y Roberto Frías, fue destituido por proteger a bandas narcos; y llevado a juicio en 2016, donde fueron condenado a seis años", relató Oieni.
Y resumió: "Luego de que la Corte Suprema revocara los recursos de casación que habían presentado los abogados de Solá Torino ante el máximo tribunal del país, en noviembre del 2020 efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria irrumpieron en su domicilio para detenerlo y llevarlo a la cárcel Federal de Güemes. Fue en esas circunstancias que Solá Torino se quitó la vida". Una cita imperdible.