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El abogado Eduardo Romani se refirió a la situación de las más de 70 familias que representó en el marco del fideicomiso Virgen de Urkupika, un emprendimiento impulsado por las entonces titulares de Asociación Docente Provincial (ADP) que prometía terrenos y viviendas, pero que terminó en una causa judicial por estafas reiteradas.
Romani explicó a El Tribuno que su estrategia fue priorizar la vía civil por sobre la penal. "De nada nos servía ver a alguien preso si la gente no recuperaba lo que había invertido. El objetivo siempre fue dar una solución concreta a las familias", sostuvo. En ese marco, recordó que la mayoría de los afectados había pagado el cien por ciento del valor del terreno e incluso parte de la construcción de sus viviendas.
La causa penal derivó en la condena de Patricia Argañaraz (quien era titular de la ADP), aunque recientemente el Tribunal de Impugnación redujo la pena de seis años a tres años y medio de prisión efectiva. Para Romani, la rebaja no altera la responsabilidad penal: "La condena sigue vigente y sigue siendo una pena de cumplimiento efectivo". También fue condenada la Tesorera, Ana María Cerezo.
En el plano civil, detalló que se avanzó en la liquidación del fideicomiso y que ya se coordinan entregas efectivas de terrenos con infraestructura para un número significativo de damnificados. Otros recuperaron parte del capital invertido. "No fue la solución ideal, porque el sueño era el terreno y la casa, pero después de más de ocho años de espera se logró una salida posible", afirmó, al tiempo que remarcó el impacto emocional y económico que dejó el caso en las familias.
La Justicia
Romani, quien fue presidente del Colegio de Abogados, reconoció que existe un creciente descreimiento social hacia el Poder Judicial y advirtió que se trata de un problema estructural. "Tenemos que trabajar todos los actores del sistema para bajar la litigiosidad y darle previsibilidad al justiciable. Si la gente no cree en la Justicia, el sistema se resiente", señaló.
Desde su rol académico y como abogado litigante, sostuvo que la Justicia no puede ser utilizada de manera irresponsable y que también hay prejuicios instalados que deben ser revisados. A su entender, es clave fortalecer el trabajo conjunto entre magistrados, abogados, ministerio público y la Corte de Justicia para recuperar confianza y eficiencia.
Inteligencia artificial
Otro de los puntos que abordó fue el impacto de la inteligencia artificial en el ejercicio profesional. Romani advirtió que se trata de una herramienta valiosa, pero que debe ser usada con criterio. "La inteligencia artificial no tiene todas las respuestas correctas y también se equivoca. Siempre es necesario el factor humano", afirmó.
En ese sentido, reclamó que las nuevas tecnologías estén contempladas en los códigos procesales y que su uso sea regulado. También cuestionó la falta de debate en algunas reformas recientes y reclamó una modernización consensuada del sistema judicial.