La Sala I de la Cámara Federal de Salta resolvió revocar el sobreseimiento de Héctor David Romero, el camionero que vio por última vez a María Cash, en julio de 2011, y ordenó que la investigación continúe hasta que se agoten todas las medidas de prueba orientadas a esclarecer la principal hipótesis de autoría sostenida por la fiscalía y la querella.
Según el fallo al que accedió El Tribuno, el tribunal consideró que no se alcanzó el grado de certeza negativa exigido para cerrar definitivamente el proceso en la etapa de instrucción y que la decisión adoptada en primera instancia implicó una clausura prematura de la causa. Los jueces remarcaron que durante esta fase no rige plenamente el principio de la duda a favor del imputado, y que para disponer un sobreseimiento resulta indispensable descartar de manera concluyente su participación, algo que —indicaron— no ocurre en este caso.
En su análisis, los camaristas Santiago French, Ernesto Solá Espeche y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, sostuvieron que persisten indicios relevantes que deben ser valorados de manera conjunta y no fragmentada. De acuerdo con la resolución, esos elementos, vinculados tanto a la conducta de Romero como a situaciones posteriores a la desaparición de Cash y a su entorno, impiden descartar la hipótesis acusatoria y obligan a profundizar la investigación antes de cualquier decisión definitiva.
El fallo subraya que los elementos incorporados al expediente no fueron suficientemente esclarecidos y que existen aspectos del caso que aún presentan zonas oscuras. No hay certeza negativa para desvincular de la investigación al camionero Romero. Por ese motivo, el tribunal ordenó avanzar con una serie de medidas de prueba que no se encuentran agotadas, entre ellas peritajes y otras diligencias consideradas indispensables para reconstruir los hechos y evaluar con mayor precisión la hipótesis principal planteada por los acusadores.
La Cámara también se pronunció sobre el pedido de la fiscalía y la querella para apartar al Juzgado Federal de Salta N° 2, solicitud que fue rechazada. En consecuencia, la investigación continuará bajo la conducción de la jueza Mariela Giménez, al no advertirse motivos objetivos que justifiquen su desplazamiento.
Cabe aclarar que la Sala I se abocó a revisar el sobreseimiento que le había dado la jueza federal Mariela Gimánez a Romero en mayo de este año a pedido del fiscal. No existió un pedido de procesamiento.
María del Carmen Cash tenía 29 años y era diseñadora de indumentaria. Vivía en la ciudad de Buenos Aires y se encontraba atravesando un momento personal complejo cuando decidió emprender un viaje sin un destino claro hacia el norte del país. El 4 de julio de 2011 salió desde la terminal de Retiro con rumbo a San Salvador de Jujuy, y durante varios días deambuló por distintas localidades del NOA. Su rastro se perdió definitivamente la tarde del 8 de julio de 2011, cuando fue vista por última vez en la rotonda de Torzalito, en General Güemes, al subir al camión conducido por Héctor David Romero.
Claves del fallo de la Cámara Federal de Salta
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La Cámara recordó que el sobreseimiento en etapa de instrucción es una medida excepcional, ya que equivale a una absolución anticipada, y solo procede cuando existe certeza plena sobre la inexistencia del hecho o la no participación del imputado.
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Los jueces señalaron que la duda no opera en esta fase del proceso como en el juicio oral: mientras la investigación pueda avanzar y producir nueva prueba, no corresponde cerrar la causa.
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El tribunal advirtió que persisten indicios concordantes que mantienen vigente la hipótesis de autoría, los cuales deben ser analizados de manera integral, conjunta y correlativa, y no de forma aislada o fragmentada.
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Se cuestionó que el sobreseimiento se dictara cuando aún restaban medidas de prueba relevantes por producir o profundizar, lo que tornó prematura la decisión de primera instancia.
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La Cámara destacó que no se agotaron las posibilidades de esclarecimiento, especialmente en lo referido a peritajes técnicos y a la evaluación completa del contexto en el que se produjo la desaparición de María Cash.
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En ese marco, concluyó que no es posible afirmar con certeza negativa que Héctor Romero sea ajeno al hecho investigado, razón por la cual la causa debe continuar.
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El fallo también enfatizó el deber reforzado del Estado de investigar con diligencia en casos de desaparición de una mujer, lo que impide clausurar la investigación mientras subsistan hipótesis razonables.
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Finalmente, la Sala I dejó establecido que la continuidad del proceso no implica adelantar opinión sobre la responsabilidad penal, sino garantizar que la hipótesis principal sea investigada hasta su total esclarecimiento
Lo que no cierra de Romero
Cabe recordar que en el nuevo giro de la investigación desde hace dos años, el fiscal federal Eduardo Villalba remarcó que una de las principales inconsistencias en las declaraciones de Héctor Romero está vinculada a la identificación de María Cash. Mientras numerosos testigos que la vieron antes de su desaparición describieron con claridad su aspecto físico y su vestimenta, Romero sostuvo que no recuerda su rostro, que no la miró y que incluso no puede afirmar con certeza que haya sido ella quien subió a su camión. Para la acusación, esa versión resulta difícil de sostener teniendo en cuenta la cercanía del contacto, el tiempo compartido durante el viaje y la posición elevada desde la cabina del vehículo, que permitiría una visión directa de la acompañante. Es llamativo que Romero no se haya presentado por cuenta propia a aportar datos, sino por un tercero. Además Romero solo dijo que se enteró de la desaparición de Cash solo por una publicación de Diario El Tribuno.
Otro punto central cuestionado por el fiscal es la versión sobre el descenso de Cash en el santuario de la Difunta Correa. Romero afirmó que la joven le pidió bajar de manera repentina al advertir la presencia de camiones en el lugar, pero la acusación señaló que la visibilidad previa está condicionada por una curva del camino, lo que impide detectar con antelación ese movimiento. Además, se consideró poco compatible con la realidad del terreno la maniobra descripta por el imputado, consistente en detener un camión con acoplado y carga en ese punto y a la velocidad indicada.
La acusación también hizo hincapié en las inconsistencias temporales del recorrido posterior, surgidas del análisis de los impactos de antenas telefónicas y de la reconstrucción del viaje entre General Güemes y Joaquín V. González. Según el fiscal, esos registros revelan una ventana de tiempo inusual que no se condice con un trayecto normal y que plantea interrogantes sobre lo ocurrido tras dejar —según su versión— a la joven en la Difunta Correa. Estas diferencias, sostuvo, no fueron debidamente esclarecidas ni confrontadas entre los distintos estudios técnicos antes de dictarse el sobreseimiento.
Finalmente, el fiscal cuestionó la coherencia global del relato de Romero a lo largo del proceso, al advertir variaciones y omisiones relevantes entre sus distintas declaraciones. Entre ellas, mencionó explicaciones cambiantes sobre horarios, velocidades y características del viaje, así como su conducta posterior a la desaparición.