inicia sesión o regístrate.
La salud pública es un derecho de las personas y una de las razones de ser del Estado. Y en estos días, eclipsada por la frívola irresponsabilidad de una jueza, la muerte de 34 pacientes inoculados con fentanilo contaminado quedó relegada del interés público.
La falta de eficiencia de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) en los controles sobre los laboratorios proveedores, es responsable ahora de una contaminación mortífera con bacterias de alta letalidad que generan neumonías y otras complicaciones a personas internadas en terapia intensiva.
Este caso evoca la muerte de 29 personas (registradas) en el verano de 1993, por el consumo de vino Soy Cuyano, que el bodeguero Mario Torraga "estiraba", según la Justicia con alcohol de quemar. Pocos meses antes, en septiembre de 1992, el país se había conmovido por la muerte de 21 personas que consumían propóleos, una medicina naturista cuya fabricante resultó absuelta porque, al parecer, se trató de un sabotaje.
La contaminación con fentanilo, un opioide sintético utilizado como analgésico, fue detectada en el Hospital Italiano de La Plata, una institución privada, donde fallecieron 9 pacientes de terapia intensiva. Las bacterias fueron identificadas en cápsulas provenientes de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, cuyos propietarios, inversores oportunistas sin formación científica, acumulan numerosos antecedentes de irregularidades en otras empresas del rubro y siempre se han movido en el ámbito de la política.
Una contaminación de esta magnitud, con una mortandad masiva, es un hecho gravísimo, cuya investigación debe llegar hasta las últimas consecuencias. El Estado nacional, por lo que establece su Constitución y todo el corpus legislativo, es responsable de controlar la salud pública, prevenir cualquier contaminación o intoxicación masivas, y asistir a todas las personas que habiten su territorio o se encuentren de paso. No hay retórica ideológica que exima a un gobierno o a los funcionarios de semejante responsabilidad.
Esto vale, también, en referencia a conflictos presupuestarios y gremiales severos, que hacen trastabillar al Hospital Garrahan, una verdadera fortaleza científica que desde hace décadas mejora la vida de millones de niños de todo el país.
La responsabilidad del Estado hace inexplicable que se permita el funcionamiento de laboratorios como HLB Pharma Group SA y Ramallo, ambos, propiedad del abogado e inversionista Ariel García Furfaro, Este adquirió HLB Pharma en 2017 a Hernán López Bernabó. El laboratorio había entrado en convocatoria de acreedores en 2014; López Bernabó, con sus socios le cedieron la totalidad de las acciones. El vendedor, a su vez, había sido el dueño del Laboratorio Apolo, al sur de Rosario, en Santa Fe, que en 2016 explotó y destruyó casas vecinas. En 2017, García Furfaro acordó la compra de otro laboratorio en el barrio porteño de Caballito, y pagó con 11 cheques, operación que terminó en una denuncia por estafa.
En el Laboratorio Ramallo, García Furfaro es socio de Jorge Salinas; la empresa acumula denuncias de irregularidades, sanitarias y administrativas.
HLB Pharma fue el laboratorio que el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández anunció como el que se ocuparía de la frustrante importación de vacunas de origen ruso durante la pandemia.
En esos días sombríos, estos personajes fueron actores secundarios de una tragedia, que mostró la incompetencia del Estado para iniciar una campaña vacunatoria, pero también la miseria de los intereses políticos y económicos, que lograron bloquear en el Congreso el ingreso de vacunas estadounidenses y postergaron ocho meses la vacunación masiva. Esa demora produjo, como era previsible, decenas de miles de muertos por el virus.
Está claro, pero hay que destacarlo: la vida de los seres humanos es sagrada. Si la sociedad pierde la confianza en la medicina y en los medicamentos, las consecuencias serían imprevisibles. Y, entre otras cosas, la credibilidad en el país y en la democracia seguirían desmoronándose.