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La reciente sanción de una ley que impone el pago de un depósito superior a medio millón de pesos como condición para presentar una queja por recurso de inconstitucionalidad denegado generó un fuerte rechazo institucional y político en Salta. El Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS) se pronunció en duros términos y solicitó públicamente al gobernador Gustavo Sáenz que ejerza su facultad de veto.
El proyecto fue impulsado por la Corte de Justicia y aprobado este martes por la Cámara de Diputados, con respaldo del oficialismo. La medida modifica el artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial y establece que, para acceder al recurso excepcional de queja ante la Corte, será obligatorio depositar 12 unidades IUS (actualmente equivalentes a $552.396).
Desde la Corte se justificó la propuesta afirmando que el objetivo es evitar que el tribunal se vea sobrecargado con recursos "manifiestamente improcedentes", preservando así el carácter excepcional del mecanismo.
Para el FOCIS, la ley sancionada establece una discriminación por motivos económicos al impedir que quienes no puedan afrontar el pago accedan a la Corte de Justicia para defender sus derechos. En su pronunciamiento público, el organismo afirmó que la norma "genera una marcada diferencia entre los habitantes según su patrimonio, contrario al principio de igualdad" previsto en el artículo 13 de la Constitución Provincial. También advirtió que se afecta la inviolabilidad del derecho a la defensa (artículo 18).
"Están vedando a quienes no pueden pagar la posibilidad de acudir al máximo tribunal provincial. Eso afecta gravemente la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia", afirmaron desde el Foro.
El FOCIS también objetó la legalidad del proceso por el cual fue tratada y aprobada la ley. Denunció que la Corte de Justicia no tiene facultades constitucionales para proponer normas que impliquen la creación de nuevos tributos, y que la iniciativa debería haber tenido origen exclusivo en la Cámara de Diputados, tal como lo establece la Constitución de Salta.
En cambio, el proyecto fue presentado por la Corte y tratado primero en el Senado, lo que según el Foro lo convierte en una norma "nula de nulidad absoluta". "El procedimiento legislativo es nulo por provenir de un proyecto cuyo tenor excede las facultades de la Corte", afirmaron.
Pedido de veto
Con base en argumentos jurídicos, el FOCIS pidió al gobernador Gustavo Sáenz que observe la ley en el plazo previsto por el artículo 131 de la Constitución Provincial. Recordaron además que el Colegio de Abogados también se pronunció en contra de la norma, señalando el riesgo de consolidar un sistema judicial selectivo y excluyente. El diputado José Gauffin dijo que la medida "atenta contra el acceso a la justicia".