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El agresor más frecuente es la ex pareja. Así lo confirman los datos del Programa de Protección a Víctimas de la Municipalidad de Salta, que asistió a 2.089 mujeres entre enero y junio por situaciones de violencia de género, sexual y doméstica. En el 75% de los casos, las denunciantes identificaron como agresor a una ex pareja. Le siguen, con un 19%, los familiares directos, y en menor medida, personas sin vínculo cercano (4%) o convivientes actuales (2%).
Según explicó Lorena González, titular del Área de la Mujer, a El Tribuno, las zonas sudeste y oeste alta de la ciudad concentran la mayoría de las denuncias, en contextos de alta vulnerabilidad socioeconómica y presencia de policonsumo. "Violencia, pobreza y consumo se retroalimentan", advirtió González, y añadió que muchas de las mujeres llegan al programa en condiciones de aislamiento, sin recursos ni redes de apoyo.
Perfil de las víctimas
Las mujeres más afectadas tienen entre 31 y 49 años (40%), seguidas por el grupo de 18 a 30 años (39%). En su mayoría son amas de casa (50%), sin empleo formal ni ingresos propios, lo que agudiza su dependencia económica del agresor. El resto se reparte entre trabajadoras independientes (25%), empleadas domésticas o cuidadoras (12%), empleadas formales (8%) y estudiantes (5%).
Los tipos de violencia más comunes combinan agresiones físicas, psicológicas y económicas (38%). Otro 28% sufre exclusivamente violencia psicológica, mientras que un 19% padece episodios físicos y psicológicos combinados. La violencia sexual aparece en el 9% de los casos junto con otras formas de maltrato, y en un 6% de manera aislada.
Un abordaje integral
La atención municipal comienza con asesoramiento legal personalizado, disponible en los CIC, la Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVIF) o comisarías, donde las víctimas pueden realizar denuncias acompañadas por abogadas. Luego se articulan medidas cautelares con juzgados y fiscalías, con seguimiento psicológico semanal o quincenal y el envío de informes judiciales.
Según los datos sobre la ocupación de las mujeres asistidas, el 50% se identifica como amas de casa.
Las medidas de protección suelen verse comprometidas los fines de semana y feriados, momentos en los que, según el informe, se registran más incumplimientos y agresiones, debido a la menor operatividad de las instituciones judiciales.
Violencia económica
Uno de los factores más limitantes para las mujeres es la violencia económica, ya que muchas tienen prohibido trabajar, no acceden a dinero propio ni pueden cubrir necesidades básicas. Aunque el municipio no cuenta con un subsidio específico, se brindan módulos alimentarios, derivaciones a Desarrollo Social y acceso al boleto solidario, según evaluación de cada caso.
Urge una respuesta
González subrayó que cada vez son más frecuentes los casos de abuelas agredidas por hijos o nietos bajo efectos de drogas, lo que muestra el deterioro del tejido familiar en ciertos contextos. "La situación es crítica y multidimensional", sostuvo.
Si bien el abordaje municipal es territorial y permanente -con talleres, jornadas y asistencia legal en barrios-, los desafíos siguen siendo estructurales: ausencia de autonomía económica, crisis habitacional, saturación judicial y reproducción de patrones violentos.
"Necesitamos políticas públicas más robustas y focalizadas para proteger a las mujeres en situación de vulnerabilidad y romper con el ciclo de violencia", concluyó González.
González, remarcó que, desde la Dirección del Área de la Mujer y Diversidad de la Municipalidad, ante la vulnerabilidad de los casos que se atienden a diario, mantienen el teléfono de WhatsApp 3876345629 las 24 hs. todos los días de la semana. A través de ese número se puede conseguir ayuda y hacer el seguimiento diario del estado físico y mental de la mujer y de los menores; y otros casos de adultos mayores.
En este contexto no hay que perder de vista que la provincia está en emergencia por violencia de género hace una década.