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La decisión de intensificar el control de la frontera norte del país para afrontar el desafío del crimen organizado es un paso muy importante para comenzar a garantizar el control del Estado sobre un territorio muy vulnerable. Desde la región andina hasta el norte del Litoral, la frontera con Bolivia, Paraguay y Brasil es sumamente permeable a sistemas delictivos complejos, tales como el narcotráfico, la trata de personas, el comercio de niños y el contrabando.
No basta con instalar uniformados de Gendarmería y otras fuerzas en las zonas, porque de lo que se trata no es una guerra contra fuerzas regulares ni de acciones meramente delictivas. Se trata de asumir un fenómeno que se extiende desde México hacia el sur. Las distintas bandas del crimen organizado han alcanzado un poder que les da autonomía no solo para hacer sus negocios ilegales, sino también para desplazar a las autoridades legítimas en funciones de administración, cobro de tasas para garantizar "seguridad" a la población y a ejercer como policía de hecho. Ocurre en México, con organizaciones de gran envergadura que manejan el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, pero también en Colombia y Venezuela, donde los restos de las antiguas guerrillas rurales y las organizaciones mafiosas actúan con autonomía. Por una parte, aprovechan y agravan la fragilidad del Estado, pero, al mismo tiempo, cuentan con la complicidad de funcionarios poderosos en los gobiernos, la Justicia, las autoridades regionales, y con conexiones esenciales para su negocio entre empresarios, banqueros, abogados y economistas.
En Brasil, las organizaciones creadas en las cárceles de San Pablo y Río de Janeiro, Primer Comando Capital y Comando Vermelho, involucradas en el narcotráfico, el lavado de dinero y otras actividades delictivas, se han expandido territorialmente y actúan en Paraguay, con conexiones en la Argentina. En Venezuela, el Tren de Aragua, de origen difuso, realizó acciones criminales en el norte de Chile. En estos días, más de 200 venezolanos deportados por Donald Trump a la megacárcel construida por Nayib Bukele en Ecuador, acusados de pertenecer a esa organización criminal, fueron repatriados por el gobierno de Nicolás Maduro en canje por 10 estadounidenses tomados como rehenes por la dictadura bolivariana.
Al mismo tiempo, la enorme tensión política que genera la rebelión de Evo Morales contra el presidente Luis Arce y amenaza con una fractura del país incluye, como factor irritativo, el control del tráfico de cocaína.
Claramente, el Plan Roca y el Plan Güemes, que se complementan en el norte de Salta, no pueden limitarse al control del narcotráfico en Aguas Blancas y alrededores.
La Argentina no padece aún situaciones como las descriptas. Sin embargo, la ahora controlada situación del crimen organizado en Rosario no permite dejar de prestar atención al tema, donde quedaron en evidencia indicios de las ramificaciones de los delincuentes en la Justicia. Lo mismo ocurrió en Salta, donde dos jueces y un intendente fueron presos por crímenes vinculados a la droga.
Asimismo, el conurbano bonaerense, sin organizaciones de gran envergadura, muestra muchas "zonas liberadas" donde los robos, con distintos niveles de violencia, están directa o indirectamente vinculados al tráfico y consumo de drogas de baja calidad.
El tráfico ilegal del fentanilo contaminado, que mató a docenas de personas, y la desaparición del niño Loan Peña, hace poco más de un año en Corrientes, en la que el poder político local, la policía y familiares aparecen involucrados son señales elocuentes del alcance de los tentáculos del crimen organizado internacional, que va mucho más allá de la droga.
Los planes Roca y Güemes y la exitosa (hasta ahora) operación en Rosario de Santa Fe deberían ser parte de un plan mucho más amplio, dirigido a todo el entramado que supone la comercialización, el traslado, el lavado del dinero y todos los episodios violentos que necesariamente genera el crecimiento de actividades clandestinas cuando reciben protección desde las estructuras del poder.