inicia sesión o regístrate.
La implementación del Plan Güemes será coordinada por la Secretaría de Seguridad de la Nación con participación directa de las direcciones de Control de Fronteras e Hidrovías y de Estadística Criminal. Contará, además, con apoyos de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Subsecretaría de Articulación Federal y la Dirección de Inteligencia Criminal (Dinic).
El Plan de Acción Operativa contempla dispositivos articulados con fuerzas federales y de seguridad provincial en los cuatro municipios abarcados. La integración del Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta, como también la de la Policía de la Provincia, se considera en la estructura operativa del Plan Güemes "un factor clave" de colaboración para "evitar la obstaculización de las acciones a realizar".
La Estrategia de Abordaje Criminal Conjunta apunta a "desarticular organizaciones criminales, reducir el tráfico de drogas y combatir el delito transnacional". A esa estrategia se incorporarán los componentes de investigación e inteligencia de la Policía Federal, su nuevo Departamento Federal de Investigaciones (DFI), Prefectura Naval, Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
A su vez, están previstas coordinaciones con la Justicia Federal de Salta, los ministerios públicos fiscales de la Nación y la Provincia, incluidas la Procunar -para el caso de drogas- y la Procelac -para el lavado de activos- en las investigaciones que se impulsen. El Comando Unificado del Plan Güemes será encabezado por Gendarmería. Y en él, junto a las fuerzas federales, fue incluida la participación de la Policía de Salta.
Drogas, armas y fauna
En los 350 kilómetros de la frontera norte también hay tráfico de fauna y flora protegida: aves exóticas, monos, tortugas cruzan en jaulas o camuflados, como las orquídeas, entre la carga. El tráfico de armas y municiones es otro eslabón oscuro con impactos concretos en la violencia regional. Las mismas rutas que usan los narcos también sirven para la venta ilegal de armas de guerra.
Desde las "mulas" humanas, que tragan cápsulas de cocaína, hasta el camuflaje de droga en tanques de combustible o entre autopartes de vehículos, las modalidades del narcotráfico en la región muestran una capacidad de adaptación constante. El uso de mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad es recurrente. También se incrementó el uso de encomiendas y de dobles fondos en bolsos, mochilas y valijas. El narco minorista, por su parte, se mueve con rapidez y lógica barrial, ocupando las brechas que deja el Estado.
El contexto social
En Aguas Blancas y Salvador Mazza el escenario social es complejo. Sin fuentes laborales formales, hoy buena parte de sus poblaciones depende de trabajos precarios y del movimiento informal de mercaderías. En paralelo, creció la inversión inmobiliaria y comercial de dudoso origen. Todo eso confluye en una frontera sin escáneres, cámaras, radares ni reacción. La marginalidad urbana es tierra fértil para el delito. El ingreso de droga, el robo de vehículos y la violencia social se enraizaron frente a Estado que ha llegado tarde y con poco. Con el Plan Güemes se intenta reconstituir esa presencia y frenar el desborde. Pero el desafío va más allá de sumar gendarmes, policías federales, prefectos y tropas militares: implica revertir décadas de abandono institucional y reactivar economías locales con alternativas lícitas.
Así opera el crimen organizado
La frontera norte de Salta se transformó en un laboratorio de crimen organizado, donde el narcotráfico, el gran contrabando, la trata y el lavado de activos operan con lógica de red y base territorial. Con epicentros en Aguas Blancas y Salvador Mazza, la actividad ilícita ha tejido un sistema que mezcla negocios legales, pobreza estructural y vacíos de control estatal que también se hacen sentir en San Ramón, Tartagal y otras ciudades del norte provincial.
Desde 2020, la desarticulación del Sistema Integrado de Vigilancia (SIV) fronterizo dejó a Salta sin ojos ni oídos en las zonas más sensibles. Sin reposición de cámaras, radares ni escáneres, los grupos criminales aprovecharon la falta de vigilancia para consolidar corredores por donde pasan drogas, armas, cigarrillos, vehículos robados y hasta fauna protegida. Todo esto ocurre ante la vista de comunidades que, en muchos casos, viven del cruce diario de mercadería para subsistir.
La ruta nacional 34 es el eje troncal por donde circulan los cargamentos de droga que ingresan desde Bolivia a Argentina. Tartagal es punto logístico clave: allí se guarda, se fracciona y se redistribuye la droga. Desde camionetas 4x4 robadas hasta mulas humanas, cada modalidad responde a una lógica de máxima rentabilidad y mínimo riesgo.
En Salvador Mazza, la economía informal creció al calor del contrabando. Inmuebles, negocios, locales nocturnos y camiones de transporte muestran signos de crecimiento llamativos en una zona con altos índices de pobreza. La sospecha sobre lavado de activos ronda cada obra rápida y cada empresa de transporte sin control.
El río Bermejo, en Aguas Blancas, sigue siendo la gran autopista líquida del crimen. Cada noche, los gomones cruzan sin control cargados de bultos, motos y personas. La falta de escáneres, de un puente moderno y de presencia permanente convirtió a ese punto en una puerta abierta al delito transnacional.
El Plan Güemes llega algo tarde, pero llega. El gran interrogante es si alcanzará con refuerzos de fuerzas federales, despliegues de tropas militares y operativos focalizados para desactivar un sistema que lleva décadas operando a plena vista. La respuesta, como siempre, no está solo en la seguridad, sino en el desarrollo real de una frontera que hoy vive atrapada entre la necesidad y la impunidad.