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"¿Quién frenará y responderá por el desastre?", titulaba el pasado 2 de junio uno de los informes con los que El Tribuno abordó los estragos ambientales y biológicos causados por los derrames del pozo petrolero de Lomas de Olmedo (Pichanal). Días antes Ramiro Morizzio, juez de Garantías de Orán, había ordenando a la operadora del área Puesto Guardián, President Petroleum, urgentes intervenciones para contener las fugas que ya entonces llevaban dos años, "sin trasladar responsabilidades a terceros".
Este diario advirtió que la empresa estaba más cerca de declararse en quiebra que de responder a esa orden judicial. También adelantó que la opaca petrolera, que accedió al 50% de los derechos de Puesto Guardián en 2012 y quedó como única titular de la concesión en 2014 durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, entablaría un contencioso contra YPF para desentenderse de las obligaciones del cierre del pozo LO-x10 y las responsabilidades por los daños provocados por sus fugas en suelos, acuíferos, la flora, fauna silvestre y animales de cría de fincas vecinas.
Los anticipos se fundaban tanto en el cuadro financiero de President, como en los desprendimientos societarios que la opaca cadena empresaria -iniciada en 2011 en Buenos Aires con actores locales y externos- había empezado a mostrar desde Londres en 2022.
Tras esos movimientos, y con el grupo inglés desligado de su suerte, en octubre de 2024 President se presentó en concurso en el Juzgado Comercial 23 de Buenos Aires, con una deuda de cerca de 60 millones de dólares. Detrás de las obligaciones impagas transferidas al fondo de inversión personal de Peter Michael Levine, había una larga lista de acreedores encabezados por inversionistas que adquirieron obligaciones negociables emitidas por la firma poco antes de su escisión. Los anticipos se confirmaron ayer. El juzgado a cargo de Fernando Saravia decretó la quiebra solicitada por President.
Entre las supuestas causas de su quebranto, President citó al derrame del pozo de Lomas de Olmedo. Afirmó que por sus fugas, "cuya responsabilidad se encuentra judicializada", tuvo que "tomar medidas de seguridad con costos muy altos". Agregó que por el desastre petrolero de Pichanal el Banco Hipotecario le retiró la línea de "giro en descubierto", lo que complicó la propuesta de pago dirigida a los tenedores de sus obligaciones negociables. También sostuvo que el cierre de la Refinería de Campo Durán, su "única compradora", la obligó a "vender a menor precio" el crudo y a "asumir mayores costos de transporte".
Otro factor argumentado por la firma fue la caída del precio del petróleo en Salta y en Río Negro, donde dejó otras tres áreas petroleras en la incertidumbre. President afirmó que en Puesto Guardián venía perdiendo "110.000 dólares mensuales" y asumiendo "costos de remediación antieconómicos".
La concesión, en un limbo
El fallo judicial que decreto la quiebra de President Petroleum instruyó a la sindicatura, a cargo del estudio Arzumendi-Palma, a informar en 24 horas al Juzgado "si continuará la explotación de alguno de los establecimientos" operados por la fallida y a presentar en un plazo de 20 días un informe completo. También se notificó a los gobiernos provinciales de Salta y Río Negro para que "adopten medidas sobre las concesiones vigentes": Puestos Guardián, Puesto Flores, Puesto Prado y Las Bases.
La firma fue inhabilitada, sus bienes inhibidos y su sede en la ciudad de Buenos Aires clausurada.