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El gobierno provincial aún no fue notificado del fallo del martes último con el cual el Juzgado Comercial 23 de Buenos Aires declaró a President Petroleum, la operadora del área Puesto Guardián, en quiebra. Así lo señalaron anoche a El Tribuno fuentes oficiales, tras confirmar que, no obstante , la Fiscalía de Estado ya fue instruida para iniciar acciones tendientes a garantizar los derechos de la Provincia como acreedora en el proceso falencial y poner al juez interviniente en conocimiento de todos lo pozos que quedan en "estado a abandonar" en el citado bloque de Pichanal (Orán).
Por el momento la operación continúa en el área de explotación, donde la quiebra de President cayó como un balde de agua fría sobre una planta de trabajadores que desde octubre de 2024, cuando la empresa se presentó en concurso, cruzaba los dedos por un acuerdo de reconducción. Sus esperanzas se desvanecieron con la quiera que se decretó a solicitud de la propia empresa.
Así lo hizo notar el fallo del juez Fernando Saravia, quien dispuso la inhabilitación de la sociedad, la inhibición general de sus bienes y la clausura de su sede comercial en Buenos Aires. En la Secretaría de Minería y Energía de Salta comenzaron a evaluar opciones para mantener en pie las operaciones en Puesto Guardián. En el organismo esperan la notificación del fallo, con las medidas resueltas, para definir el mecanismo que se adoptará en el área que tuvo a President como titular exclusiva de sus derechos desde 2014.
Uno de los pozos inoperativos y sin debido sellado en esa concesión, el LO-x10 de Lomas de Olmedo, está fuera de control desde hace dos años. El pasado 27 de mayo la Justicia de Orán ordenó a President urgentes intervenciones para contener sus fugas y el desastre ambiental aparejado. La empresa, sin embargo, entabló un contencioso federal para trasladar las responsabilidades a YPF. En esa acción, President planteó que la petrolera estatal fue la que perforó en los años '80 el pozo que estuvo inactivo y sin debido cierre hasta 2022, cuando sus fugas empezaron a causar estragos ambientales y biológicos.
En junio una comisión interdisciplinaria inició estudios e intervenciones en la zona afectada. En esas acciones intervienen junto a especialistas de distintos organismos, técnicos del sector privado e YPF.
Desde el Comité de Crisis se aclaró ayer que, además del LO-x10, en el área de Puesto Guardián quedan otros pozos que aguardan ser "intervenidos y abandonados adecuadamente" en el marco de la concesión vigente.
Antecedentes
La operadora que se declaró en quiebra el pasado martes se había presentado en concurso, en octubre de 2024, con una deuda de cerca de 60 millones de dólares. En la larga lista de acreedores hay inversionistas que adquirieron obligaciones negociables emitidas por President Petroleum en marzo de 2022. Apenas cuatro después de esa colocación internacional, la empresa que tuvo una opaca gestación en la ciudad de Buenos Aires en 2011, con actores locales y externos, fue escindida del grupo que hasta ese momento le había prestado un sello londinense. Tras el pase de President al fondo inversor personal de Peter Michael Levine, el entramado societario cayó en un oscuro abismo patrimonial y financiero.
Entre las causas que invocó para pedir su quiebra, la empresa mencionó al derrame del pozo de Lomas de Olmedo. Afirmó que por sus fugas, cuya responsabilidad se encuentra judicializada, tuvo que "tomar medidas de seguridad con costos muy altos".
Salida prohibida
Peter Levine, la cara visible de President, tiene prohibida la salida del país. El solicitud de quiebra tuvo varios puntos que esperan aclaraciones. Entre las supuestas causales, afirmó que por el desastre petrolero de Pichanal el Banco Hipotecario le retiró el "giro en descubierto". También, que cierre de la Refinería de Campo Durán obligó a la firma a "vender a menor precio" y a "asumir mayores costos de transporte". Además, culpó a "la caída del precio del petróleo" en Salta y en Río Negro, donde dejó otras tres áreas petroleras en la incertidumbre. Declaró que en Puesto Guardián venía perdiendo "110.000 dólares mensuales" y asumiendo "costos de remediación antieconómicos".