inicia sesión o regístrate.
Los desarrollos inmobiliarios que en los últimos 15 años dejaron tendales de ahorristas defraudados y a miles de familias con el sueño del techo propio convertido en una pesadilla en Salta, tienen al Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial tapados con denuncias, actuaciones y expedientes penales, civiles y concursales que insumen años de enmarañada y gravosa tramitación en fiscalías, juzgados y tribunales superiores.
Mientras tanto, cientos de familias que pusieron sus ahorros en lotes de urbanizaciones irregulares siguen costeando abogados para defender sus derechos en procesos falenciales en los que boletos de compraventa y cesiones de derechos colisionaron con los de otros grupos damnificados, incluso por dobles ventas, en medio de extensos listados de acreedores entre los que se cuentan organismos fiscales (Rentas y Afip, ahora Arca); empresas constructoras, corralones, otros damnificados y el propio Municipio. Muchas de esas familias viven desde hace 10 ó 15 años sin ni siquiera tener conexiones domiciliarias de agua y luz en loteos que se vendieron como barrios privados sin tener certificaciones ambientales, factibilidades de servicios, infraestructuras básicas ni las subdivisiones catastrales aprobadas. En consecuencia, tampoco cuentan con catastros individuales.
Adquirentes de departamentos y cocheras que en muchos casos fueron cancelados en 2015 ó 2016, siguen peleando en los tribunales por su escrituración en edificios céntricos que quedaron con sus obras a medias y completamente paralizadas desde 2019 y antes inclusive.
En pleno centro
Uno de esos casos es el del edificio Lyon, en Deán Funes 535, cuya disputa judicial sumó un nuevo capítulo tras la apelación presentada por IKBA, empresa liderada por Matías Desimone, conocido en ámbitos judiciales por su insistente estrategia de judicialización y su perfil de "apelador serial". La presentación fue realizada luego de que el juzgado concursal de primera instancia a cargo de Pablo Muiños reconociera a los acreedores las cuotas partes del derecho real de condominio sobre el inmueble, conforme a los cálculos realizados por la Sindicatura, como lo ordenó la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.
En en una resolución del 21 de marzo de 2024, Guadalupe Valdés Ortiz y José Gerardo Ruiz, jueces del citado tribunal, habían ordenando la escrituración en condominio del edificio en favor de los acreedores, expresada en coeficientes según el estado fáctico y jurídico actual de ese inmueble. En cumplimiento de aquella orden, que sacó a relucir criterios revisores que discordaron severamente con el fallo de primera instancia respecto de los derechos certificados por los adquirentes afectados, el juez Muiños dictó el 27 de mayo último el reconocimiento formal de las cuotas partes, según el informe técnico incorporado al expediente.
Más vueltas
Sin embargo, IKBA cuestionó los criterios utilizados por la Sindicatura, señalando que se tomó como base una superficie de 3.810,50 metros cuadrados en lugar de los 4.053,91 metros cuadrados aprobados en el plano oficial. En esta línea, el pasado 4 de junio la firma concursada interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio, alegando arbitrariedad. El mismo día, el juez concedió la apelación en subsidio, aunque aclaró que al ser una resolución derivada de una orden de la Cámara, no podía revocarla por contrario imperio.
El 12 de junio IKBA expresó agravios y el 13 se ordenó correr traslado del memorial a las demás partes. La causa continúa en la Cámara, donde deberá resolverse si los coeficientes de participación en el condominio reflejan adecuadamente la situación del edificio.
Una denuncia
En paralelo al conflicto judicial, la torre Lyon fue denunciada por la Red Solidaria de Ciudadanos en Defensa de sus Derechos (Red Sol), por carecer de juntas sísmicas y presentar otras violaciones al Código de Edificación de la Ciudad de Salta. Las obras quedaron paralizadas hace años, con la estructura inconclusa y los compradores aún esperando certezas.
La quiebra y reconversión de IKBA
El 7 de junio de 2019 el juez Pablo Muiños decretó la quiebra de la IKBA ante las presentaciones de tres acreedores, José Esteban Sánchez, Ricardo José Buzzada y Francisco Clemente Sajama, representados por los abogados José Fernando Teseyra y Javier Latorre.
Un día antes, con el patrocinio de los abogados Aníbal Anaquín y Guido Giacosa, la empresa inmobiliaria dirigida por Matías Desimone había pedido la apertura de un concurso preventivo.
El 13 de junio de ese año el juez Muiños resolvió reconvertir la quiebra en concurso, figura con la que empezó a dirimirse entonces el proceso de regularización pendiente con cerca de 200 familias afectadas.
En una presentación realizada el 6 de junio ante el magistrado concursal, los responsables de IKBA afirmaron que "la mejor forma de proseguir con las obras y concluir con las obligaciones" era "la reestructuración de plazos y poder reorganizar la empresa mediante un concurso preventivo". En esos términos, IKBA planteó la alternativa para entregar los lotes con los servicios correspondientes.
Viviendas entregadas
De acuerdo con los registros informados en ese momento, en Cielos del Valle, urbanización localizada sobre la ruta 68, IKBA había entregado 135 viviendas y 150 lotes de un total de 320. En Cielos del Sur I, un barrio de 278 viviendas ubicado sobre la ruta 21 (camino a San Agustín), adquirentes habían recibido el total de las unidades habitacionales allí proyectadas.
En Cielos del Sur II, desarrollo previsto a la par de la primera etapa, IKBA había entregado de forma precaria 105 de los 192 lotes planificados. En esa urbanización, al igual que en manzanas de Cielos del Valle sin viviendas construidas, la firma renegoció condiciones con adquirentes para entregar solo terrenos.
En el pedido de concurso, los apoderados de IKBA reseñaron que los desarrollos urbanísticos se desenvolvieron con normalidad entre 2011 y 2014, cuando "la devaluación frente al dólar de la moneda nacional impactó fuertemente en el precio de los bienes y servicios".
Entre los desarrollos de la empresa se contaban torres de departamentos con obras paralizadas en las ciudades de Tartagal y Salta. Uno de esos edificios es Lyon, en Deán Funes 535, cuyos adquirentes tienen entablado con la empresa el largo conflicto judicial en el que la Cámara en lo Civil y Comercial de Salta dispuso, el 21 de marzo de 2024, la escrituración a favor de los acreedores del proyecto inmobiliario. Esa orden sigue sin hacerse efectiva por la batería de planteos y recursos con los que la que desplegó desde entonces la empresa.
.