La Cámara de Diputados de Salta le dio media sanción a un proyecto que promete cambiar las reglas del juego para quienes tienen perros considerados “potencialmente peligrosos”. La idea es simple, que los dueños se hagan realmente responsables de sus mascotas y que se eviten ataques que, lamentablemente, ya forman parte de la realidad cotidiana en distintos puntos de la provincia.
La iniciativa plantea la creación de un Registro Provincial de Propietarios de Perros Potencialmente Peligrosos. Inscribirse no será un mero trámite, ya que los dueños tendrán que demostrar capacitación certificada sobre crianza, manejo responsable, medidas de seguridad y prevención. Además, se endurecen las sanciones para quienes no cumplan con las medidas preventivas podrán recibir hasta 45 días de arresto o multas importantes.
Durante el debate, el diputado Nicolás Taibo subrayó que el objetivo es “mejorar la normativa ante el aumento de incidentes con estas razas, apostando a la seguridad ciudadana y al bienestar animal”. Su colega Juan José Esteban fue todavía más gráfico y habló del “incremento significativo de mordeduras” en lo que va del año. Patricio Peñalba, por su parte, apoyó el proyecto pero pidió que el Estado no se quede solo en la letra de la ley, sino que articule con veterinarios, especialistas y municipios.
La iniciativa, de autoría de los diputados Nicolás Taibo, Carlos Jorge, Edgar Domínguez, Pablo Gómez, Fabio López, Raúl Vargas y Ricardo Vargas, fue aprobada por unanimidad y fue girada al Senado para su revisión.
Una problemática que viene de arrastre
Este debate no surgió de la nada en la Cámara baja provincial. En Salta, los perros sueltos –muchos de razas potencialmente peligrosas- son una postal repetida y, en muchos casos, una amenaza. En 2011, Cerrillos llegó a los medios nacionales porque en un barrio había más perros que vecinos. Ese mismo año, el hospital local atendía todos los días a personas mordidas. A pesar de la alarma, poco cambió.
En 2017, en esa misma localidad, un abuelo de 96 años casi pierde la vida tras ser atacado por una jauría de pitbulls en barrio Sivero. Más cerca en el tiempo, en Orán el municipio insistió con llamados a registrar a los perros “fuertes”, pero con escasa respuesta de los dueños.
Hubo intentos anteriores de regulación, como es el caso de Metán, donde hace casi diez años se habló de un registro con credenciales, multas y hasta prohibiciones para que los animales circulen sin correa ni bozal. Pero la medida nunca se consolidó y la calle volvió a llenarse de perros sueltos y “peligrosos”.
En 2012, la Legislatura aprobó una ley que ya hablaba de tenencia responsable y de la obligación de inscribir razas como rottweiler, pitbull y dogo, entre otras, consideradas peligrosas por su fuerza y capacidad de causar lesiones graves. También se estableció que, si un perro mordía a alguien, el dueño debía hacerse cargo de los costos médicos de la víctima. Incluso se contemplaba el arresto para los propietarios que no cumplieran con el registro.
El problema no es de falta de leyes, sino de falta de aplicación. Los municipios no siempre cuentan con los recursos ni la voluntad para controlar y hacer cumplir las normas. Así, la realidad se impone y caminar por calles del interior o de la capital salteña muchas veces significa cruzarse con jaurías que generan miedo y, en ocasiones, consecuencias irreparables.
Lo que se viene
La nueva propuesta intenta reforzar lo que ya existía, con un enfoque más preventivo. Si se logra poner en práctica, podría marcar un antes y un después en la convivencia entre personas y animales en Salta. Claro, de poco servirá si no hay controles efectivos y si los dueños siguen mirando para otro lado.
La pregunta de fondo sigue siendo ¿quién se hace cargo cuando los perros se convierten en un peligro?