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Contemax, la empresa de contenedores que quedó en capilla por el incendio que arrasó las viviendas de al menos 36 familias en Ampliación 20 de Junio el pasado viernes 1, podría enfrentar duras sanciones judiciales por daños ambientales, los perjuicios a grupos damnificados y el uso extraordinario de recursos municipales frente a la emergencia.
Por la presentación del intendente Emiliano Durand ante el Ministerio Público Fiscal, Contemax también podría ser obligada a remediar el área degradada. El secretario municipal de Ambiente y Servicios Públicos, Martín Miranda, señalo ayer que la firma vino utilizando en la última década el predio situado al final de la calle Quevedo como "un vertedero clandestino", en el que arrojó residuos domiciliarios, neumáticos, materiales inflamables y otros desechos potencialmente peligrosos "sin contar con el certificado de aptitud ambiental requerido".
Aunque por el momento los cañones apuntan a Contemax, la investigación judicial se extendería a otros actores ligados a ese vertedero irregular que contribuyó a la propagación del incendio. El sitio sigue bajo custodia y enfriamiento permanente, ante el riesgo de nuevos focos ígneos por la acumulación de residuos de hasta tres metros de altura.
El mismo viernes, en medio de un desconsuelo generalizado, familias que perdieron el techo y lo poco que tenían apuntaron contra Contemax. Desde 2018 esas mismas voces expusieron más de una vez los vuelcos irregulares y los documentaron con filmaciones que movieron actuaciones administrativas y multas en tres gestiones municipales distintas.
Esos testimonios son ahora pruebas de una investigación judicial en ciernes contra la firma que tiene como socia a la concejal electa Erika Castro. La edil libertaria negó las responsabilidades achacadas a la empresa y las atribuyó a una supuesta "persecución política".
Miranda aseguró que la empresa no posee ningún tipo de habilitación ni trámite en curso para operar como gestora de residuos. "No tienen registro ambiental ni habilitación comercial. Tampoco han presentado estudios de impacto, ni cuentan con permiso para arrojar residuos en ese lugar", afirmó.
El funcionario hizo notar que en el sitio se hallaron plásticos, pinturas, cubiertas y residuos industriales, además de basura domiciliaria. Por sus características, muchos de esos materiales requieren tratamiento específico según la legislación nacional. "El incendio fue especialmente difícil de controlar por la alta inflamabilidad de los residuos acumulados", sostuvo Miranda.
Los propios vecinos aportaron imágenes y datos identificatorios de contenedores y camiones utilizados por empresas. "Los envases tenían nombres y teléfonos. A partir de ahí se identificó a tres firmas, entre ellas Contemax, como responsables de arrojar residuos donde no debían", se indicó desde uno de los móviles periodísticos que cubrieron la emergencia.
En la Justicia
Erika Castro afirmó que su empresa cuenta con correspondientes permisos para operar. Sin embargo, Miranda asevero que "no hay constancia en el Municipio de ningún permiso ni habilitación vigente. Si existen, deberán presentarlos ante la Justicia", acotó.
Por la supuesta "persecución política" denunciada por la concejal, el funcionario respondió: "Puede sentirlo así, pero lo cierto es que actuamos objetivamente. No importa quién esté detrás de la empresa: hubo riesgo concreto para la vida de las personas y vamos a actuar con todos los instrumentos legales".
El municipio solicitó al Ministerio Público Fiscal el cese inmediato de actividades de la firma mediante medidas precautorias y la apertura de una causa para investigar las responsabilidades penales. A la par, pidió que se consideren acciones civiles de resarcimiento a los damnificados. "Corrieron riesgo de vida los vecinos y por eso hicimos la denuncia penal", recalcó Miranda ayer en una conferencia de prensa. Precisó que, además de esa denuncia puntual, otras zonas con rellenos ilegales están bajo la lupa. "Hay casos similares en otras áreas de la ciudad. Hemos implementado controles con la Policía Rural, el 105 Ambiental y alertas inmediatas", puntualizó.
Tras el incendio en Ampliación 20 de Junio, el Municipio multó a Contemax. "Esto no es nuevo. Hace tiempo venimos labrando actas, aplicando infracciones e intimaciones, y exigiendo la regularización de las actividades. Algunas empresas comenzaron a presentar documentación, pero otras hicieron caso omiso", señaló Miranda, tras insistir en que materiales inflamables desechados al margen de las normas incidieron en la gravedad del incendio y complicaron la tarea de los bomberos y equipos de emergencia.