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Un grupo de más de 45 padres y madres irrumpió en las instalaciones de la Escuela Delfín Leguizamón, en el Barrio Boulogne Sur Mer de Salta, para exigir explicaciones sobre hechos que -aseguran- vienen ocurriendo desde mayo y que involucran a alumnos de sexto grado.
Según los testimonios recogidos por este medio, un niño con discapacidad habría sido abusado físicamente dentro del baño escolar por un compañero mayor. Las familias denuncian también bullying sistemático, agresiones físicas y la presencia de material pornográfico en chats y stickers que circulan entre los alumnos.
Las madres aseguran que la dirección del establecimiento, a cargo de Liliana Aramayo y el vicedirector José Díaz, habría minimizado los episodios calificándolos como "cosas de la edad" y sugiriendo el cambio de curso de las víctimas en lugar de aplicar sanciones. “Si la directora no puede hacer nada, que se vaya”, reclamó una de las madres en diálogo con la prensa.
Los denunciantes también señalaron que durante las clases nocturnas del programa BESPA (Educación para Jóvenes y Adultos) se habría encontrado marihuana dentro del establecimiento educativo. “Esto es muy grave, estamos hablando de niños de 11 años que no quieren ir al baño por miedo, y otros que fingen estar enfermos para no asistir”, sostuvo otra madre.
La situación escaló al punto de que se desplegó una custodia policial en la puerta de la escuela y se realizó una especie de cabildo abierto en el que las familias reclamaron respuestas inmediatas. “Necesitamos que la ministra Cristina Fiore tome cartas en el asunto ya. Nuestros hijos no van a volver al colegio hasta que esto se resuelva”, advirtieron los padres.
Desde la institución educativa confirmaron que llegará una **supervisora escolar** para evaluar la situación. Sin embargo, los padres insisten en que no se trata de casos aislados, sino de un problema estructural que requiere una **respuesta urgente del Ministerio de Educación**.
En paralelo, se supo que el alumno señalado como agresor ingresó este año desde otra escuela y que ya tendría antecedentes por conductas similares. Las familias aseguran contar con videos y chats para respaldar sus denuncias y pidieron garantías para que los menores no sigan expuestos, según informaro a la prensa.