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Las empresas constructoras de Salta atraviesan un escenario de incertidumbre, con niveles de actividad por debajo de lo esperado y un horizonte 2026 sin señales claras de reactivación desde el Estado nacional. Así lo planteó Juan Carlos Segura, presidente de la Cámara Salteña de la Construcción, quien advirtió que el freno de la obra pública "no solo afecta a las empresas", sino también al empleo registrado y a una red de pymes proveedoras.
Según Segura, el discurso de "obra pública cero" impactó de lleno en provincias como Salta, donde la obra estatal no se reduce a rutas, sino que incluye viviendas, escuelas, hospitales, centros de salud, saneamiento y hasta infraestructura carcelaria.
"Obra pública no solamente es una ruta: es vivienda, escuela, hospitales, redes cloacales, plantas potabilizadoras, agua, y hoy también infraestructura carcelaria", enumeró. En ese marco, remarcó que la provincia arrastra un déficit habitacional que estimó en unas 100.000 viviendas, un problema que se agrava al ritmo del crecimiento demográfico y la falta de financiamiento para vivienda social.
El dirigente también puso el foco en el deterioro de la infraestructura vial, con menciones puntuales a la Ruta 51 clave para la minería y el turismo hacia la Puna— y a los tramos más críticos de la Ruta 34. "No alcanza con parchar: necesitamos obras nuevas", sostuvo, al cuestionar que las prioridades nacionales se concentren en corredores viales con peajes, sin un plan de inversión sostenido para el interior del país.
Segura diferenció además la realidad de las constructoras salteñas frente a las grandes firmas del AMBA. Afirmó que en Salta predominan pequeñas y medianas empresas con estructuras mínimas —un ingeniero, personal administrativo, un capataz y entre 15 y 20 obreros—, por lo que rechazó el estigma de que "el que está en obra pública roba". "No hay estructura que permita retornos. Es imposible", aseguró, y atribuyó la generalización a un discurso instalado que se replica en redes sin reflejar la dinámica real de las pymes del norte.
En cuanto a la sostenibilidad financiera, explicó que el sector se ve afectado por la inflación y por el aumento de insumos básicos que "cotizan con dólar" —hierro, cemento, PVC, cobre y aluminio—, lo que encarece los costos con ajustes frecuentes. En ese punto defendió el mecanismo de redeterminación de precios previsto por la normativa: sostuvo que no es una herramienta para "hacer diferencia", sino un ajuste parcial y progresivo en función del avance de obra y de la evolución de los costos, necesario para sostener contratos en contextos inflacionarios.
Pese a la caída de la actividad, el presidente de la Cámara Salteña indicó que el cierre de empresas fue limitado, aunque muchas se vieron obligadas a sostenerse con dotaciones reducidas y "hacer malabarismos" ante la falta de obra pública nacional y una obra privada insuficiente para reemplazar ese volumen de trabajo. En ese escenario, señaló que el Gobierno provincial les aseguró un incremento del 20% en el presupuesto de obra pública respecto del año anterior, aunque puso en duda que la provincia pueda absorber por sí sola todas las necesidades estructurales, especialmente en áreas como infraestructura educativa.