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Una mujer de 68 años, empleada de planta permanente del Ministerio de Educación, fue condenada por los delitos de fraude a la Administración Pública en concurso ideal con uso de instrumento público falso, luego de que se comprobara que presentó documentación apócrifa para mejorar su situación laboral.
La sentencia fue dictada por la jueza María Victoria Montoya Quiroga, quien la encontró responsable de ambos delitos y le impuso una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, además de la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena.
De acuerdo con lo acreditado en el juicio, los hechos se originaron cuando la acusada, que se desempeñaba como ordenanza, solicitó una reubicación en un cargo superior y mejoras en su situación laboral. Para respaldar el pedido, presentó una fotocopia de un título secundario supuestamente expedido por un establecimiento educativo de la provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, autoridades del Ministerio advirtieron que la copia del título no se encontraba autenticada, lo que motivó la intervención del Departamento de Control y Acreditación de Títulos. Al verificar los registros oficiales, se constató que la documentación presentada correspondía en realidad a otra persona.
Ante esta situación, se le requirió a la empleada que aportara la fotocopia debidamente autenticada. En respuesta, presentó un Certificado Analítico, pero al consultarse al director del establecimiento educativo que figuraba como emisor, se confirmó que la constancia era falsa.
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