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El presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta, Carlos Saravia, trazó un diagnóstico crítico sobre el funcionamiento del sistema eléctrico y apuntó con dureza contra la empresa transportista Transnoa y la falta de control nacional. En una entrevista en profundidad con El Tribuno, Saravia detalló que Salta destinará este año cerca de $10.000 millones para sostener la tarifa eléctrica en zonas de altas temperaturas, además de mantener regímenes especiales para electrodependientes, familias vulnerables, comedores y entidades sociales.
El norte provincial volvió a sufrir cortes prolongados de energía. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Lo que tuvimos fueron dos cortes de gran magnitud, ambos con fuerte impacto social. El primero ocurrió el jueves alrededor de las 21.30, y el servicio recién se normalizó a las 2.50 de la madrugada. El segundo se produjo el viernes por la noche y se extendió por casi tres horas. En total, se vieron afectadas unas 600.000 personas, de las cuales 400.000 pertenecen a Salta y 200.000 a Jujuy, principalmente en el corredor que va desde Ledesma hasta San Pedro, con consecuencias directas en Orán, San Martín y Rivadavia.
¿Cuál fue el origen técnico de esos cortes?
Las fallas se produjeron en líneas de alta tensión de 132 kilovoltios, que forman parte del sistema de transporte eléctrico y que están concesionadas por el Estado Nacional a la empresa Transnoa. Esta firma tiene a su cargo la operación y el mantenimiento del servicio de transporte en seis provincias del NOA, y pertenece al mismo grupo económico que opera también en el NEA.
¿Por qué la restitución del servicio demoró tanto tiempo?
Porque hubo una respuesta operativa absolutamente deficiente. Transnoa demoró tres horas en enviar un solo operario al lugar de la incidencia, que estaba a apenas 50 kilómetros. En ese lapso, se le solicitó que gestionara ante CAMMESA el despacho de energía desde Bolivia para aliviar la situación en el norte provincial, algo que es técnicamente viable, pero la empresa se negó a hacerlo. Esa conducta, para nosotros, es claramente materia sancionable.
Desde la empresa argumentaron que las demoras se debieron a condiciones climáticas adversas. ¿Es correcto?
No. Yo diría que a Transnoa le gusta mentir. El corte se extendió por más de cinco horas y la demora principal fue la falta de personal y de logística. La pregunta que hay que hacerse es: ¿cuántas personas tiene Transnoa trabajando en alta?, ¿dónde están sus bases operativas?, ¿cuántas cuadrillas y grúas propias tiene? Nosotros no lo sabemos, porque no hay información pública ni transparencia.
¿Qué diagnóstico hace el Ente Regulador sobre el funcionamiento de Transnoa?
Estamos frente a una empresa que cobra su tarifa, que tiene el cobro asegurado a través de la factura de EDESA, y que se lleva alrededor del 7% del total que paga cada usuario, porcentaje que además va a seguir aumentando hasta llegar al 9%, pero que no invierte lo suficiente ni tiene estructura propia. Pide grúas prestadas, pide cuadrillas prestadas, y cuando hay un evento grave, queda demostrado que no tiene capacidad de respuesta inmediata.
¿Qué acciones concretas se están llevando adelante desde la Provincia?
Estamos avanzando en denuncias administrativas, amparos judiciales y denuncias penales. Ya mantuve contacto con el Secretario de Energía de Jujuy y vamos a presentar una denuncia conjunta ante el ENRE. Aquí también hay que señalar la falta de control del Ente Nacional Regulador, que arrastra problemas institucionales desde hace años y que hoy está en proceso de fusión con ENARGAS, sin haber ejercido un control efectivo.
¿Este tipo de fallas se repite en otras provincias del NOA?
Sí, claramente. Jujuy, Tucumán y otras provincias padecen situaciones similares. Es un problema regional, estructural y de larga data. Llevamos más de 30 años con este esquema, sin que el Congreso Nacional ejerza plenamente su rol de control, pidiendo informes o promoviendo cambios normativos en leyes clave como la 24.065 y la 15.336.
En paralelo a los cortes, los usuarios también expresan preocupación por los aumentos tarifarios. ¿Cómo se compone hoy la factura?
La factura tiene tres grandes componentes. Aproximadamente un 40% corresponde a la generación, es decir, a la energía que vende CAMMESA. Un 7% corresponde al transporte, donde opera Transnoa, y cerca del 45% a la distribución, que en Salta está a cargo de EDESA. A eso hay que sumarle impuestos nacionales, que representan entre un 17 y 18% del total.
¿Qué impacto tienen los cambios en la política de subsidios nacionales?
El Gobierno nacional decidió reducir drásticamente los subsidios energéticos, bajando su incidencia del 1,5% al 0,9% del PBI. Esto se traduce en aumentos tarifarios. En Salta, la nueva segmentación —que pasa de tres niveles a solo dos— deja fuera del sistema subsidiado a 36.000 usuarios, que pasarán a pagar incrementos cercanos al 20%.
¿Cómo interviene la Provincia para amortiguar ese impacto?
La Provincia de Salta sostiene un esquema de subsidios propio, con recursos provinciales, para proteger a los sectores más afectados. Solo en el régimen de tarifa eléctrica para zonas de altas temperaturas, el año pasado se destinaron $8.600 millones, y este año el monto ascenderá a $10.000 millones.
¿A qué regiones alcanza ese beneficio?
Alcanza a usuarios de San Martín, Rivadavia, Anta, General Güemes, y también a localidades del sur como El Galpón, El Potrero y La Candelaria. Durante cinco meses del año, esos usuarios reciben descuentos de entre el 30% y el 50% en la tarifa eléctrica. Es un esfuerzo que hoy asume exclusivamente la Provincia, aunque debería ser cubierto por Nación, como ocurre con el régimen de zona fría en la Patagonia.
Además de la zona cálida, ¿qué otros subsidios energéticos están vigentes en Salta?
Hay 21.000 familias que cuentan con subsidio del 100% en el servicio eléctrico. También se subsidia a comedores comunitarios, merenderos, bibliotecas populares, geriátricos y clubes de barrio, con topes de consumo, porque cumplen una función social clave.
¿Cuál es la situación de los electrodependientes?
En la provincia hay alrededor de 350 electrodependientes. Ellos no pagan la tarifa eléctrica, reciben equipamiento especial y además un aporte mensual para combustible, destinado a garantizar el funcionamiento de generadores ante cortes. El sistema está diseñado para preservar la vida, pero también requiere que el usuario cumpla con su parte, manteniendo el equipo en condiciones y con combustible disponible.
¿Qué mensaje le deja a los usuarios que manifiestan enojo y preocupación?
El reclamo es legítimo y entendible. Lo que necesitamos es información clara y responsabilidades bien definidas. La Provincia está haciendo un esfuerzo fiscal muy grande para sostener subsidios que debería asumir Nación. Pero también es indispensable que las empresas transportistas inviertan, trabajen con responsabilidad y sean controladas, y que el Congreso cumpla su rol. Si así comenzamos el verano, es fundamental poner blanco sobre negro para evitar escenarios mucho más complejos.