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En medio de un clima de tensión social en el municipio de Rivadavia Banda Norte, un grupo de vecinos protagonizó en la mañana de este miércoles la toma del edificio municipal. En diálogo con El Tribuno, el intendente Ariel Arias brindó otros detalles sobre el conflicto, al que atribuyó a un reclamo por la reducción de un beneficio económico heredado de gestiones anteriores. La protesta en Rivadavia Banda Norte expone una problemática de larga data vinculada a planes sociales sin contraprestación, y plantea el desafío de reordenar políticas públicas en un contexto de emergencia y alta vulnerabilidad social.
—Intendente, ¿qué está ocurriendo esta mañana en la Municipalidad?
—Sí, es un grupito de paisanos, de la comunidad, que están realizando la toma.
—¿Cuál es el motivo del reclamo?
—Nosotros les estábamos dando una contención económica, que no es un trabajo. Es un dinero que se les entrega y que viene desde la gestión anterior. Cuando asumimos, no lo cortamos; en un momento lo suspendimos, pero ante la reacción decidimos restituirlo.
—¿En qué consiste esa ayuda?
—Son diez mil pesos por integrante del grupo familiar. Es decir, cobra el marido, la esposa, los hijos. No es un monto para todo el grupo, sino por persona. Ellos vienen los viernes a cobrar, pero no hay ningún tipo de contraprestación.
—¿Esto viene desde hace mucho tiempo?
—Sí, según nos dijeron, desde 1995. Es algo muy antiguo.
—¿Qué decisión tomó ahora su gestión?
—Decidimos reducir esa ayuda a la mitad, no eliminarla completamente. Pero ellos reclaman que se les restituya el monto completo.
—¿Había alguna obligación laboral a cambio?
—No, ninguna. Y eso es justamente lo que queremos cambiar. Nosotros queremos que trabajen, pero no quieren hacerlo.
—¿Cómo planea resolver esta situación?
—Los voy a escuchar nuevamente, aunque ya me reuní con ellos más de veinte veces desde que asumí. Siempre es lo mismo: no quieren trabajar y quieren seguir cobrando. Yo no estoy de acuerdo con eso porque es injusto.
—¿Por qué considera que es injusto?
—Porque hay empleados municipales, como las ordenanzas, que trabajan cuatro horas por alrededor de cien mil pesos al mes. Es poco, sí, pero trabajan. En cambio, este grupo recibe dinero sin hacer nada.
—¿Cree que el conflicto puede escalar?
—No, no creo que se extienda. Hablé con los diputados provinciales, como Manuel Catardo y Rogelio Segundo, y coinciden en que no corresponde sostener este tipo de ayuda sin contraprestación. Incluso consideran que perjudica a la propia comunidad.
—¿Habrá cambios en la política social del municipio?
—Sí. Vamos a hacer un relevamiento para ver quiénes realmente necesitan ayuda. Hay personas que ya tienen pensiones. A quienes no tengan ingresos, les vamos a ofrecer trabajo. La idea es terminar con el pago sin contraprestación.
—Además de este conflicto, ¿qué otras situaciones enfrenta el Municipio?
—Estamos trabajando en el contexto de la emergencia por la crecida del río y eso también implica gastos importantes. Este fin de semana vamos a tener un operativo con equipos de Desarrollo Social y personal de la Provincia que van a estar trabajando en la zona desde el viernes hasta el domingo.