Los gastos que demanda el funcionamiento de la administración pública es un culebrón de controversias de nunca acabar. Se repite, año tras año. Para la ciudadanía, se ha convertido en un clásico, del cual se deduce -por lo que revela la cuenta de inversión de 2010- que la gestión gubernamental dista mucho de ser límpida y transparente. Quedan al desnudo la violación de normas constitucionales y de la ley de administración financiera. De las denuncias de la oposición, el gobernador José Alperovich hace oídos sordos y las que llegan a la Justicia dormitan en los despachos de los fiscales, sin que se les dé impulso.
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Los gastos que demanda el funcionamiento de la administración pública es un culebrón de controversias de nunca acabar. Se repite, año tras año. Para la ciudadanía, se ha convertido en un clásico, del cual se deduce -por lo que revela la cuenta de inversión de 2010- que la gestión gubernamental dista mucho de ser límpida y transparente. Quedan al desnudo la violación de normas constitucionales y de la ley de administración financiera. De las denuncias de la oposición, el gobernador José Alperovich hace oídos sordos y las que llegan a la Justicia dormitan en los despachos de los fiscales, sin que se les dé impulso.
El movimiento de los recursos y su destino está contenido en la cuenta de inversión de cada ejercicio fiscal. Su análisis, aprobación o reprobación está a cargo del Tribunal de Cuentas y se da a publicidad.
Desde que el gobernador Alperovich asumió, en 2003, el ente fiscalizador observa anomalías graves en las rendiciones de cuentas. La de 2010 -la última- no es la excepción.
Una vez más el órgano de contralor señala que es imposible auditar los gastos oficiales por el enmarañado desorden de las cuentas. No puede saber con certeza -revela- a cuánto asciende el dinero enviado por la Nación, ni cómo fue ingresado, ni a qué conceptos corresponde, ni cuál fue la imputación final de los fondos asignados. El senador nacional de la UCR José Cano metió mano en el entuerto, suscitándose una polémica pública con el titular del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaibén Terraf.
El excandidato a gobernador sostiene que ese órgano, a pesar de las irregularidades que pudo comprobar, nunca pidió medidas punitivas contra los funcionarios involucrados, ni hizo denuncia alguna a la Justicia, como corresponde al verificar anomalías en la rendición de cuentas, como es su deber insoslayable.
El parlamentario se tomó el trabajo, ante la Auditoría General de la Nación, de averiguar cuál fue el monto del dinero que se giró a Tucumán en aquel ejercicio de 2010: en total $6.320 millones, de los cuales $4.746 millones corresponden a impuestos de coparticipación federal, y $1.574 de carácter discrecional.
El funcionario de marras negó validez a esos datos y afirmó que no son oficiales y contienen errores. Para el opositor, a los recursos recibidos se los embarulla adrede para que no se puedan determinar los montos de los fondos y su asignación posterior.
Las protestas de la oposición terminan en la nada. Alperovich siempre zafa. Con la mayoría aplastante que dispone, ordena a la Legislatura aprobar a libro cerrado la cuenta de inversión. Con la última, a tratarse antes de fin de año, por el parcialmente renovado Parlamento recién electo, ocurrirá lo mismo que con las anteriores. Otro tanto pasará con el Presupuesto de gastos y recursos de 2012. La corporación oficialista levantará la mano sancionándolo, sin saber qué es lo que vota, porque ni siquiera se entregó a los legisladores una fotocopia de la ley.
Desde la gobernación de Julio Miranda (1999-2003), Eduardo Cobos se desempeña al frente de la Dirección de Construcciones Escolares. A lo largo de su carrera, fue multado en cinco oportunidades por el Tribunal de Cuentas por violación a la ley de administración financiera. Tiene el raro privilegio de ser el funcionario con el récord de sanciones económicas en la administración. Pese a las advertencias y medidas punitivas, y la reiteración de su conducta transgresora, Alperovich nunca hizo nada y sigue manteniéndolo en el cargo.