Mientras esperaba mi vuelo a Brasil en el aeropuerto de Miami la semana pasada, leí un artículo de los diarios brasileños de esa mañana denunciando que el ministro de Turismo estaba usando indebidamente a un empleado gubernamental como chofer privado de su esposa. Para el momento en que llegué a Brasilia, el ministro ya había sido despedido.

Qué diferencia con lo que está ocurriendo en otros países latinoamericanos, y con lo que estaba ocurriendo en Brasil hasta hace poco. Era la quinta vez que la presidenta Dilma Rousseff despedía a un ministro desde que asumió su cargo en enero. Casi todos ellos renunciaron bajo presión tras investigaciones periodísticas de supuestos delitos de corrupción.

No estamos hablando de desvíos de millones de dólares de fondos gubernamentales a cuentas privadas en el exterior, como los que cada tanto revelan los medios no oficialistas en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela. En Brasil, en cambio, Rousseff parece tener poca paciencia con todo tipo de actos indebidos. Anteriormente, Rousseff había despedido a su ministro principal, Antonio Palocci, así como al exministro de agricultura Wagner Rossi y al exministro de transporte Alfredo Nascimento, en medio de denuncias de corrupción.

La cruzada de la Presidenta está contribuyendo a mantener su índice de popularidad relativamente alto, del 49%, y está alimentando la especulación -negada por voceros del Gobierno- de que se haya producido una grieta en la relación entre ella y su mentor, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Varios de los ministros depuestos habían trabajado para Lula.

El papel de Lula

Aunque Lula sigue siendo muy popular, y se rumorea que quiere ser candidato presidencial en el 2014, muchos empiezan a preguntarse por qué el expresidente no actuó con igual firmeza cuando salían a la luz acusaciones de corrupción contra estos y otros funcionarios de Gobierno.

Lo más interesante es que Rousseff está actuando en base a acusaciones hechas por los medios. Mientras otros gobiernos suelen acusar a los medios independientes de tener motivaciones políticas y antipatrióticas cuando informan sobre casos de corrupción, Rousseff toma muy en serio los informes periodísticos creíbles, y actúa en consecuencia.

En Ecuador, en cambio, el presidente Rafael Correa arremetió contra los medios independientes después de que estos informaron que su hermano Fabricio Correa había firmado contratos con su gobierno por más de $300 millones. Incluso luego de que su hermano confirmara la existencia de esos contratos, el presidente convocó a un referendo nacional para controlar a los medios, acusándolos de “secuestrar” a la opinión pública con métodos “criminales”.

En Argentina, la noticia del día es la malversación de una parte de los $160 millones que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entregó a las Madres de Plaza de Mayo para un plan de viviendas, pero el Gobierno parece más empeñado en culpar a los medios que informaron el hecho que en indagar si sus funcionarios cometieron algún delito.

El caso Chávez

En Venezuela, la cada vez más amordazada prensa independiente ha revelado que el gobierno de Hugo Chávez ha desviado millones de dólares -parte de los cuales terminaron en cuentas privadas en el exterior y cantidades más pequeñas fueron encontradas en maletas- pero la reacción del presidente ha sido culpar a los medios de ser “agentes de la CIA”.

Mi conclusión: se podría argumentar que todo el mundo es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad en un juicio justo, y que Rousseff está actuando precipitadamente al despedir a sus ministros cuando estos no pueden ofrecerle explicaciones convincentes sobre acusaciones periodísticas de actos corruptos. Pero eso es mejor que lo que está ocurriendo en varios países vecinos, en que los presidentes hacen la vista gorda, y ayudan a crear una cultura del vale-todo. En vez de acusar a los medios, esos presidentes deberían seguir el ejemplo de Rousseff, y despedir a los funcionarios que no merezcan la confianza de la sociedad.

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