A ocho días de que estallara el conflicto en Prefectura y Gendarmería, y lejos de una solución, la situación se agravó aún más. Es que ayer, y luego del contundente anunció del Gobierno de no llevar el básico de estas fuerzas federales a $7.000 y avalar las sanciones contra los efectivos de Gendarmería, los manifestantes llamaron a sus pares a levantar el 50% de los servicios que prestan en todo el país, especialmente en las fronteras.
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A ocho días de que estallara el conflicto en Prefectura y Gendarmería, y lejos de una solución, la situación se agravó aún más. Es que ayer, y luego del contundente anunció del Gobierno de no llevar el básico de estas fuerzas federales a $7.000 y avalar las sanciones contra los efectivos de Gendarmería, los manifestantes llamaron a sus pares a levantar el 50% de los servicios que prestan en todo el país, especialmente en las fronteras.
Lejos de aquietar las aguas, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, anunciaron que el Estado iniciará “acciones judiciales” por los amparos en los haberes.
Es más. Ayer mismo el Ministerio de Seguridad denunció penalmente al ex director nacional de Gendarmería, Héctor Schenone y su ex segundo Juan Obdulio Sainz, por “administración fraudulenta”, “tráfico de influencias” y “violación de deberes de funcionario públicos”.
La denuncia alcanzó a funcionarios de la Dirección de Asuntos Jurídicos y del Servicio Administrativo Financiero de la Gendarmería.
Para Abal Medina, “hubo un festival de prácticas judiciales en connivencia con estudios de abogados y altos mandos de las fuerzas, ya el 60% del personal de ambas fuerzas tenían los haberes judicializados”, porcentaje que llega al “100% en las cúpulas, en perjuicio contra el Estado y los argentinos”.
Y para ampliar sus argumentos señaló que gran parte del total de los juicios se hallan tramitados en los mismos juzgados, uno de ellos en Río Gallegos, que “está a cargo de la jueza Ana Álvarez, casada con un comodoro vinculado a crímenes de lesa humanidad”.
Pero en forma casi inmediata, desde la ciudad austral, la magistrada rechazó las acusaciones y amenazó con responder judicialmente ante lo que consideró una violación al principio de división de poderes.
Lo cierto es que ayer tarde “ardió Troya” y los efectivos de Prefectura y Gendarmería decidieron mantener la protesta en sus respectivas sedes.
Y su principal vocero, el gendarme Raúl Maza, aseguró que la medida no se levanta y redobló la apuesta.
“Hemos llamado a nuestros camaradas a levantar el 50% de los puestos. Los puestos no se van a descuidar, pero el 50% se va a levantar".
Así, pero desde el edificio Guardacostas, los prefectos advertían, entre cánticos, que “no nos vamos nada, que nos echen a patadas” aunque por el momento no hubo anuncios oficiales sobre la continuidad.
Anoche la Policía Federal reforzó el vallado en los accesos a la Plaza de Mayo, ante una posible marcha frente a la Casa Rosada.
La reducción presupuestaria
El conflicto en torno de Gendarmería y Prefectura delata impericia en la gestión y el agotamiento de un modelo de organización basado en la superposición de acciones entre la Nación y las provincias.
Esto induce una masiva dilapidación de recursos que necesariamente terminan en ajustes. Prueba de ello es que en el proyecto de Presupuesto 2013 elevado al Congreso nacional, las partidas para estas dos fuerzas de seguridad crecen apenas 2,3%, cuando la estimación de inflación oficial es del 11,2%.
El rol del Estado nacional en temas de seguridad interna es complementario e incluso secundario. Su principal finalidad es abordar los problemas de seguridad que trascienden el territorio de una provincia, como el control fronterizo nacional (Gendarmería y Prefectura) y los delitos federales (Policía Federal).
Los datos oficiales de las ejecuciones presupuestarias nacional y provinciales para el año 2011 muestran que el Estado nacional erogó para financiamiento de la Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, la suma de $10,7 mil millones, los cuales se deberían destinar en teoría al cuidado de fronteras y los delitos federales.
Pero las partidas para Gendarmería y Prefectura crecerán apenas un 2,3% entre los años 2012 y 2013, porcentaje muy inferior a la proyección de inflación oficial del 11,2%.
Sonia Escudero reclamó reforzar las fronteras
La legisladora nacional por Salta, Sonia Escudero, resaltó el trabajo de Gendarmería en el norte del país y pidió al Gobierno central que refuerce la cantidad de efectivos de esa fuerza en las localidades salteñas de Aguas Blancas y Salvador Mazza, en la frontera con Bolivia.
La senadora (bloque justicialista 8 de Octubre) resaltó el trabajo de Gendarmería que recientemente realizó dos exitosos procedimientos contra el tráfico de drogas en el norte de la provincia. “A pesar de encontrarse en medio de un reclamo salarial sin precedentes, con el estrés que ello implica, los efectivos de Gendarmería demostraron que siguen cumpliendo con responsabilidad y compromiso sus funciones en el norte salteño, en una de las zonas más “calientes” en materia de tráfico de estupefacientes”, señaló la legisladora.
“Lamentablemente, no existe una auténtica política de Estado en tal sentido, y la realidad es que, aprovechando nuestras vulnerabilidades en términos de seguridad fronteriza, las estructuras criminales