Tal como lo había anticipado El Tribuno en su edición del 2 de octubre, dos magistrados del sur de la provincia inspeccionaron el pasado jueves las tierras anteñas hostigadas por grupos armados que se ofrecen para tender alambrados en posesiones criollas y desalojar a familias campesinas.
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Tal como lo había anticipado El Tribuno en su edición del 2 de octubre, dos magistrados del sur de la provincia inspeccionaron el pasado jueves las tierras anteñas hostigadas por grupos armados que se ofrecen para tender alambrados en posesiones criollas y desalojar a familias campesinas.
Con la asistencia de agentes de Criminalística de la Policía de Salta, el juez penal de Metán, Mario Teseyra, y su par civil de Joaquín V. González, Patricia R„hmer, recorrieron las fincas situadas en el límite con Santiago del Estero, junto al Canal de Dios, en las cercanías de Talavera. Allí tomaron contacto con lugareños que denunciaron violentos atropellos en sus puestos. Uno de los episodios más sangrientos ocurrió el pasado 1 de julio en La Choya, una extensa finca de más de 3.000 hectáreas en la que un puestero, que se plantó ante un grupo de alambradores, recibió un disparo en el pecho. El presunto agresor, José Luis Palavecino, fue detenido semanas atrás en la localidad santiagueña de Monte Quemado y está a disposición de Teseyra. Justamente, la inspección ocular desarrollada en La Choya es una de las medidas que el juez de Metán dispuso para definir la situación procesal de Palavecino, quien enfrenta el cargo de tentativa de homicidio.
En La Choya, el magistrado metanense se entrevistó con la víctima del artero disparo, Sixto Ruiz, quien apenas logró sobrevivir al tiro que le atravesó el pecho, aunque todavía sobrelleva una dura convalecencia.
El reconocimiento judicial que hizo R„hmer, a su vez, se originó en una medida cautelar solicitada en el marco de un interdicto. En el puesto “Esperanza” de finca La Choya aguardaban a la magistrada María Guillermo Argañaraz, quien es actor en la causa, su familia, el letrado Jorge Issa y el abogado Néstor Pérez, en representación de los demandados.
La recorrida abarcó más de cinco kilómetros en los que observaron alambres perimetrales, corrales, represas, hornos para carbón, viviendas y otros antiguos testimonios de la larga, pacífica e ininterrumpida posesión de la familia Argañaraz, con cinco generaciones en esas tierras, desde fines del siglo XIX.
Cerca de una de las tomas del canal se observaron postes nuevos apilados por los alambradores que contrató un empresario santiagueño, Marcelo Saad. Este, con una escritura fechada en 1960, empezó a disputar esas tierras hace tres meses. Y fue él quien contrató, el pasado 26 de junio, los servicios de José Palavecino, el alambrador que continúa detenido en Metán por tentativa de homicidio.
En la recorrida por el sector donde ocurrió el hecho penal, la jueza R„hmer constató la existencia de la carpa levantada por los alambradores acusados de turbar la posesión y de un corral de ramas incendiado.
Más adelante, la magistrada se encontró con uno de los demandados, el puestero santiagueño Andrés Palavecino, con quien dialogó por espacio de algunos minutos. El otro demandado, el empresario Saad, no asistió.
Una audiencia
En el marco del juicio de interdicto que la familia Argañaraz inició en defensa de su posesión, la magistrada R„hmer fijó una audiencia para el próximo jueves, a las 9, en el juzgado de Joaquín V. González.
En esa audiencia, el demandante María Guillermo Argañaraz presentará como testigos a los puesteros Pablo Ruiz, Dante Rojas y Reinaldo Oscar Pérez (San Antonio); Delia Cresencia Pérez y Santos Humberto Maza (Cruz Bajada); Eduardo Arcángel Rojas (La Choya) y Pantaleón Montenegro (Vinal Macho).
La jueza pidió copias de los expedientes que se tramitan en Metán ante los jueces Sebastián Fucho y Mario Teseyra. También requirió a Inmuebles que le informe si existe un número de catastro asignado a finca La Choya en ese organismo provincial.