Las torturas que se filmaron en una comisaría salteña de General Gemes, delito que se conoció en julio pasado e involucró a seis policías, se refrescan cuando la sociedad debate el tema. El Senado de la Nación giró con modificaciones a la Cámara de Diputados un proyecto que promueve la creación de un comité nacional y organismos provinciales para prevenir los tratos crueles en los centros de detención de todo el país.
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Las torturas que se filmaron en una comisaría salteña de General Gemes, delito que se conoció en julio pasado e involucró a seis policías, se refrescan cuando la sociedad debate el tema. El Senado de la Nación giró con modificaciones a la Cámara de Diputados un proyecto que promueve la creación de un comité nacional y organismos provinciales para prevenir los tratos crueles en los centros de detención de todo el país.
Un grupo de esas características es reclamado por los senadores de la oposición y organizaciones no gubernamentales y permitiría a la Argentina dar cumplimiento al compromiso que asumió hace varios años cuando adhirió a la convención internacional contra la tortura.
De acuerdo a la iniciativa que se debate en el Congreso, se harían visitas sorpresivas a cárceles y comisarías, con la participación de representantes de la sociedad civil. “A pesar de los casi 30 años de recuperada la democracia, no se han podido desterrar hechos gravísimos de tortura cometidos por agentes del Estado en cárceles y comisarías de todo el país”, indicó la senadora Sonia Escudero.
La legisladora mencionó datos del último informe del procurador penitenciario federal que indica que durante el año pasado se detectaron 399 casos de tortura y malos tratos en cárceles federales, 105% más que en 2010. Con 146 hechos, la cárcel de Marcos Paz encabeza el ranking, seguida de cerca por Ezeiza, Chaco, Neuquén y Rawson. Ese mismo relevamiento indica que las muertes en esos presidios pasaron de 33 a 38 en el último año.
El comité nacional contra la tortura funcionará en el ámbito del Poder Legislativo y estará integrado por 13 miembros, entre legisladores, un representante de la Secretaría de Derechos Humanos, de la sociedad civil, de las provincias y el procurador penitenciario. La composición de ese cuerpo fue el principal cambio introducido por el Senado (lo elevó de 9 a 13), decisión criticada por la oposición porque se afecta “la independencia y la autonomía”. Además de las visitas sorpresivas, los integrantes del comité podrán proponer recomendaciones, acciones y políticas sobre cuestiones carcelarias; además, podrán investigar denuncias de torturas y apremios, entrevistar a los detenidos y sus familiares. Deberán trabajar conjuntamente con organizaciones no gubernamentales.
Salidas transitorias a violadores
Un proyecto que fue aprobado por unanimidad por el Senado de la Nación limita las salidas transitorias y otros beneficios, como la libertad condicional para condenados por delitos sexuales. El caso de Tatiana Kolodziey, una joven de 33 años que en octubre pasado fue encontrada muerta, asesinada por un remisero que un mes antes había salido de la cárcel en libertad condicional, renovó las críticas contra jueces y el sistema. Fue uno más de los tantos que se produjeron en el país.
La iniciativa aprobada por los senadores nacionales modifica la ley 24660 y establece un régimen complementario de reinserción para quienes hayan cometido una violación.
“Este proyecto responde a la necesidad de dar respuesta a la sociedad ante los graves y reiterados hechos de reincidencia de condenados por delitos contra la integridad sexual. La norma plantea condiciones más rigurosas en la concesión de los beneficios de salidas transitorias y la libertad condicional”, sostuvo la senadora salteña Sonia Escudero.