El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostuvo hoy que el grupo Clarín dio ‘marcha atrás‘ con la intención de acusar a periodistas oficialistas de ‘coacción agravada‘ e ‘incitación a la violencia‘, aunque interpretó que ‘se trató de una denuncia penal‘ en la que los trabajadores de prensa fueron señalados como responsables de delitos.
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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostuvo hoy que el grupo Clarín dio ‘marcha atrás‘ con la intención de acusar a periodistas oficialistas de ‘coacción agravada‘ e ‘incitación a la violencia‘, aunque interpretó que ‘se trató de una denuncia penal‘ en la que los trabajadores de prensa fueron señalados como responsables de delitos.
‘El abogado Hugo Wortman Jofré emitió un comunicado en donde dice que no han pedido un castigo para los periodistas, sino sólo que sean citados como testigos. Esto es una clara marcha atrás, un retroceso.
Pero además rectificaron una información que nunca publicaron‘, recalcó el periodista Horacio Verbitsky, titular del CELS.
Por su parte, el secretario de la entidad, Damián Loreti, aludió a la interpretación legal de los delitos denunciados -incitación a la violencia y coacción agravada- y planteó que los dichos cuestionados son solo ‘comentarios sobre la realidad cotidiana‘ por parte de los opinadores.
Verbitsky opinó que había ‘una contradicción flagrante entre la aclaración conocida hoy y la denuncia‘ y se burló del texto judicial al leer algunas de las citas que se le atribuían a los periodistas, al señalar que ‘no encontramos de qué modo podrían ser convocados como testigos‘ para hacer aclaraciones sobre sus comentarios.
Para el editorialista de Página/12, ‘la intención de coartar al periodismo y a la libertad de expresión es igual de grave si lo ejerce el Estado como si lo hace una gran empresa‘ y por ello destacó que asumen la representación legal, así como en su momento lo hicieron con otros afectados como Eduardo Kimel, Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico.
‘Los periodistas han sido acusados al mismo nivel que los funcionarios del Ejecutivo como propaladores del mensaje oficial. Vamos a hacer todo lo necesario para que no se pueda cometer esta intimidación‘, afirmó. Junto a él se encontraban los periodistas Sandra Russo, Nora Veiras y Orlando Barone (del programa ‘6,7,8‘ de Canal 7), el relator Javier Vicente (de ‘Fútbol para Todos‘) y el director de Tiempo Argentino Roberto Caballero, entre otros.
Cada uno de ellos tomó el micrófono para agradecer el apoyo colectivo, incluso de ‘los trabajadores de Canal 13 y TN‘, lo cual mereció un fuerte aplauso.
Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa en la sede del CELS, en Piedras al 500 de esta capital, para oficializar que ese organismo se haría cargo de la representación legal de los periodistas denunciados.
Sin embargo, la conferencia pasó a convertirse en una manifestación de apoyo a los periodistas involucrados, de la que participaron desde la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, y la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora ‘Taty‘ Almeyda, hasta el diputado Héctor Recalde y una profesora de historia que citó a Arturo Jauretche.
Afuera quedaron los simpatizantes del programa ‘6,7,8‘ que, con banderas que los agrupaban, cantaron a la salida de la conferencia: ‘Si no apoyan a Cristina, que quilombo se va a armar‘.
Rechazo de la Afsca
El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, afirmó hoy ‘que el Grupo Clarín quiera meter presos a periodistas por sus opiniones es un ataque brutal a la libertad de expresión‘.
Al referirse a la presentación judicial que hizo Clarín para que se investigue si hubo ‘incitación a la violencia‘ contra la empresa, Sabbatella señaló: ‘ahora, dicen que no hicieron lo que en verdad hicieron, como muchas veces dicen que alguien dijo lo que nunca dijo.
Lo cierto es que la denuncia para meter presos a periodistas fue hecha, pero seguramente se dieron cuenta de que era una locura y un error absoluto y por eso ahora lo niegan‘.
Lo que dijo el Grupo
Los abogados del Grupo Clarín dieron a conocer hoy un comunicado donde ratifican que la presentación judicial realizada la semana pasada para que se investigue si hubo ‘incitación a la violencia‘ por parte de funcionarios no incluye a periodistas como imputados y que ‘estos sólo serán testigos‘ y que así ‘se solicitará‘ al ministerio Público Fiscal.
Según los profesionales Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada, ‘no es el objetivo de esta denuncia imputar a periodistas, sino a los responsables políticos de la incitación a la violencia‘.
También señalaron que la presentación fue realizada ‘en salvaguarda de la seguridad e integridad de periodistas, directivos y familiares, tanto del Grupo como de otros medios, que resultan fustigados por la acción y las manifestaciones del Gobierno y sus funcionarios‘.
El comunicado señaló que en la denuncia ‘se solicitó a la Justicia que abra una investigación tendiente a acreditar si una serie de acciones públicas y declaraciones de funcionarios que llamaron a combatir a los medios del Grupo, sus periodistas y directivos, los acusaron de atentar contra la democracia y hasta de ser responsables de secuestros o levantamientos de fuerzas de seguridad, tenían detrás una autoría ideológica con entidad para constituir el delito de incitación a la violencia colectiva. (art. 212 del Código Penal)‘.