En Salta tenemos un problema serio con la Policía: parece que está programada para pegar. El caso de Gerónimo Saravia, ocurrido en la madrugada del sábado, es un compendio del “modus operandi” policial salteño: confundieron a una persona, la persiguieron sin identificarse como policías, la redujeron, le rompieron la camioneta y, una vez esposado, lo golpearon con la saña que muestran las fotos.
Quizá por tratarse de un atleta del Jockey Club, una institución importante y prestigiosa en lo social y lo deportivo, el caso tipificado claramente como violación de los derechos humanos se convirtió casi en una cuestión de Estado. La víctima fue dejada en libertad a las cinco de la mañana, una libertad que nunca debió perder ya que no había cometido delito alguno. El hecho delictivo se mantuvo herméticamente oculto y, por lo que se sabe, los policías, descubiertos in fraganti, no fueron detenidos en el acto.
Es cierto que fueron separados de sus cargos, según informó el Ministerio de Seguridad; que se iniciaron las actuaciones del caso y algunos otros protocolos.
Parece poco. “Se equivocaron los muchachos”, habrá sido la frase de sus superiores. Cabe preguntarse qué significa “se equivocaron”. Desde mayo de 2011, cuando se produjeron las torturas de presos en la cárcel de General Güemes y, en la misma localidad fue sometido a vejámenes un sospechoso de vínculos con narcopolicías, la crónica registra que cada diez días, promedio, se produce un caso de violencia policial contra detenidos que aparecen golpeados o muertos, personas que se encuentran en boliches bailables o víctimas de errores parecidos. El caso de Gerónimo Saravia se conoció porque sus amigos del mundo del rugby publicaron las fotos de su cara magullada en las redes digitales y pegaron pequeños afiches con las mismas fotos en el estadio donde se jugaba un torneo seven. El joven creyó que iban a matarlo, aseguran sus allegados.
Esos mismos amigos, socios del Jockey, son los que informaron a El Tribuno que una orden superior del Gobierno hizo retirar esas fotos y afiches del estadio. Las autoridades del club lo niegan.
El lunes pasado, la página digital donde el Gobierno da a conocer a diario su posición respecto de cuestiones políticas, publicó una interpretación del comunicado del club con la intención de poner en boca de la institución frases que relativizan la gravedad de la agresión que sufrió su jugador y trata de descalificar la información que dio a conocer El Tribuno. El presidente del Jockey aclaró ayer la posición de la entidad y repudió el ataque.
Los policías que secuestraron ilegalmente a Gerónimo Saravia no tenían orden judicial ni sabían de quién se trataba- actuaron de acuerdo a la norma no escrita que rige el desempeño de la institución-.
Más allá de que la ministra de Derechos Humanos María Pace considere estos hechos como una rutina, no deberían ser una rutina.
La violenta paliza que Raúl Guzmán documentó con fotos, que le propinaron hace pocas semanas policías de Joaquín V. González, así como las lesiones que le costaron la carrera a un futbolista de Juventud Antoniana, son dos ejemplos llamativos de la indiferencia oficial frente a los abusos policiales. Lo que sufrió Saravia, al igual que todas las víctimas de la violencia policial, es violación de los derechos humanos. Se trata de derechos no negociables, ni para un club, ni para el Gobierno, ni para las comisiones de la Legislatura y los concejos deliberantes controladas por legisladores oficialistas proclives a investigar las torturas en la noche de los tiempos del Virrey Toledo o del General Roca, y para las organizaciones del rubro que parecen incómodas cuando les toca hurgar en los abusos del poder actual. Los atropellos contra la dignidad humana los hacen los gobiernos no democráticos, pero la sociedad civil debe reaccionar rápido, antes de que las fuerzas del orden se conviertan en grupos de tareas.
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En Salta tenemos un problema serio con la Policía: parece que está programada para pegar. El caso de Gerónimo Saravia, ocurrido en la madrugada del sábado, es un compendio del “modus operandi” policial salteño: confundieron a una persona, la persiguieron sin identificarse como policías, la redujeron, le rompieron la camioneta y, una vez esposado, lo golpearon con la saña que muestran las fotos.
Quizá por tratarse de un atleta del Jockey Club, una institución importante y prestigiosa en lo social y lo deportivo, el caso tipificado claramente como violación de los derechos humanos se convirtió casi en una cuestión de Estado. La víctima fue dejada en libertad a las cinco de la mañana, una libertad que nunca debió perder ya que no había cometido delito alguno. El hecho delictivo se mantuvo herméticamente oculto y, por lo que se sabe, los policías, descubiertos in fraganti, no fueron detenidos en el acto.
Es cierto que fueron separados de sus cargos, según informó el Ministerio de Seguridad; que se iniciaron las actuaciones del caso y algunos otros protocolos.
Parece poco. “Se equivocaron los muchachos”, habrá sido la frase de sus superiores. Cabe preguntarse qué significa “se equivocaron”. Desde mayo de 2011, cuando se produjeron las torturas de presos en la cárcel de General Güemes y, en la misma localidad fue sometido a vejámenes un sospechoso de vínculos con narcopolicías, la crónica registra que cada diez días, promedio, se produce un caso de violencia policial contra detenidos que aparecen golpeados o muertos, personas que se encuentran en boliches bailables o víctimas de errores parecidos. El caso de Gerónimo Saravia se conoció porque sus amigos del mundo del rugby publicaron las fotos de su cara magullada en las redes digitales y pegaron pequeños afiches con las mismas fotos en el estadio donde se jugaba un torneo seven. El joven creyó que iban a matarlo, aseguran sus allegados.
Esos mismos amigos, socios del Jockey, son los que informaron a El Tribuno que una orden superior del Gobierno hizo retirar esas fotos y afiches del estadio. Las autoridades del club lo niegan.
El lunes pasado, la página digital donde el Gobierno da a conocer a diario su posición respecto de cuestiones políticas, publicó una interpretación del comunicado del club con la intención de poner en boca de la institución frases que relativizan la gravedad de la agresión que sufrió su jugador y trata de descalificar la información que dio a conocer El Tribuno. El presidente del Jockey aclaró ayer la posición de la entidad y repudió el ataque.
Los policías que secuestraron ilegalmente a Gerónimo Saravia no tenían orden judicial ni sabían de quién se trataba- actuaron de acuerdo a la norma no escrita que rige el desempeño de la institución-.
Más allá de que la ministra de Derechos Humanos María Pace considere estos hechos como una rutina, no deberían ser una rutina.
La violenta paliza que Raúl Guzmán documentó con fotos, que le propinaron hace pocas semanas policías de Joaquín V. González, así como las lesiones que le costaron la carrera a un futbolista de Juventud Antoniana, son dos ejemplos llamativos de la indiferencia oficial frente a los abusos policiales. Lo que sufrió Saravia, al igual que todas las víctimas de la violencia policial, es violación de los derechos humanos. Se trata de derechos no negociables, ni para un club, ni para el Gobierno, ni para las comisiones de la Legislatura y los concejos deliberantes controladas por legisladores oficialistas proclives a investigar las torturas en la noche de los tiempos del Virrey Toledo o del General Roca, y para las organizaciones del rubro que parecen incómodas cuando les toca hurgar en los abusos del poder actual. Los atropellos contra la dignidad humana los hacen los gobiernos no democráticos, pero la sociedad civil debe reaccionar rápido, antes de que las fuerzas del orden se conviertan en grupos de tareas.