Bronca e impotencia ante la falta de presencia de un Ejecutivo que garantice condiciones de vida digna. Eso es lo que reflejaron ayer un centenar de vecinos de quince barrios de la zona sudeste cuando se reunieron en la plaza de San Remo para rechazar la instalación de un asentamiento en las tierras que la Provincia expropió a la familia Burgos a principio de mes.
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Bronca e impotencia ante la falta de presencia de un Ejecutivo que garantice condiciones de vida digna. Eso es lo que reflejaron ayer un centenar de vecinos de quince barrios de la zona sudeste cuando se reunieron en la plaza de San Remo para rechazar la instalación de un asentamiento en las tierras que la Provincia expropió a la familia Burgos a principio de mes.
Se trata de 39 hectáreas que no cuentan con servicios y que se ubican en el medio de estos barrios. “Ya vimos gente que se acercó a estas tierras fiscales para instalarse”, explicó con preocupación Carmen, una de las vecinas de San Remo. Y eso es lo que ocurre con las tierras desocupadas: las personas que no tienen dónde vivir se asientan y permanecen allí ante la falta de políticas habitacionales del Estado provincial.
La queja no es menor. Son miles las familias que habitan en estos 15 barrios que no quieren un asentamiento en la zona: Scalabrini Ortiz, San Remo, Pablo Saravia, Arturo Illia, San Nicolás I y II, Círculo I, II, III, IV y V, Don Santiago, Santa Anita y Monseñor Tavella.
“Se dice que no queremos que nadie se instale en esas tierras y no es así. Queremos que lo hagan pero que el Gobierno les construya casas y no que vivan asentados”, comentó Patricia, del barrio Scalabrini Ortiz.
Los vecinos explicaron que si la gente se sigue asentando, las consecuencias para ellos serían peores porque utilizarán los ya escasos servicios que tienen: “El agua es realmente poquísima; no tenemos durante el día y apenas podemos manejarnos”, apuntó una vecina mientras intentaba escuchar a quien hablaba por el alto parlante. Luis, administrador de Parque La Vega, explicó que un asentamiento en la zona “modificaría la vida de las miles familias que allí viven”. Añadió: “No tenemos problema de que la gente venga a vivir, pero que les den casas dignas y no que instalen carpas y le saquen servicios al resto de los barrios que a duras penas tienen”.
En un escrito que girarán al gobernador Juan Manuel Urtubey le explican que solo hay dos pozos de agua para abastecer a 26 barrios de la zona. “Lo sufrimos en carne propia”, reza el comunicado.
La misma queja de siempre
En todos los asentamientos y barrios aledaños a éstos y a los que El Tribuno accedió a lo largo del 2012 (y no fueron pocos) las quejas contra el funcionamiento de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat son frecuentes. Y ayer no fue la excepción. “Te dicen que ya van a ver cómo solucionan el problema. Nos confirman que van a venir y no lo hacen”, comentaron al unísono los vecinos.
Una importante cantidad de problemas que golpean a los barrios del sudeste salteño se reflotaron ayer en el momento en que se reunieron los vecinos.
Promesas incumplidas
Mencionaron que un listado de obras incumplidas solo quedaron en promesas. “En la zona contamos con un sola escuela primaria para todos los barrios y no entran más alumnos”, dijeron. Los vecinos aún esperan que les construyan otra institución educativa y también reclaman la necesidad de contar con un Centro Integrador Comunitario (CIC), pozos de agua y, sobre todo, paliar la necesidad habitacional que padecen. Denuncian que son muchas las familias que viven hacinadas por la falta de casas, pero también por la imposibilidad de acceder a éstas cuando se sortean. Tienen relevamientos por ellos realizados donde constatan las necesidades de la zona.
“En muchísimos de nuestros hogares es constatable dicha emergencia habitacional y por ello requerimos a su persona para que dé prioridad y solución habitacional (...)”, expresaron a Urtubey en la carta que le giraron.