Concepciones sobre el origen de la vida y la muerte, espiritualidad, religión, costumbres, cambios culturales y derechos legales son algunos de los elementos que entran en danza cuando se habla del aborto. En marzo de este año, la Suprema Corte de Justicia volvió a levantar el telón para una presentación sobre la que el país debe dar una resolución. El fallo del Tribunal Supremo sobre un caso particular puso fin a la ambigüedad a la que se había prestado el inciso 2º del artículo 86 del Código Penal. Algunas instancias judiciales habían entendido que para tener derecho al aborto en caso de violación, la víctima debía tener alguna discapacidad mental. El mencionado fallo dejó en claro que el aborto es un derecho para toda víctima de violación que presente ante el personal sanitario una declaración jurada constatando tal situación. Estas decisiones se toman en línea con la posición de la organización Mundial de la Salud, el Comité de Derechos Humanos y del Comité de los Derechos del Niño, ambos de Naciones Unidas.
La resolución puso en jaque a todas las provincias y a las distintas organizaciones sociales en pie de guerra. Cada estado fue responsable de acatar el fallo de la Corte y aplicarlo según sus consideraciones. Hasta noviembre de 2012 nueve provincias desarrollaron un protocolo que respetó en gran medida en fallo de la Corte o adhirieron directamente a la Guía Técnica de Atención Integral de Abortos No punibles realizada por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2007 y actualizada en el 2010 (Buenos Aires, Chaco, Jujuy, Chubut, Córdoba, Formosa, Neuquén, Santa Cruz y Santa Fe); cinco provincias poseen protocolos que no garantizan completamente los derechos avalados por el fallo de la Corte (Salta, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y La Rioja) y 10 no poseen aún ningún tipo de reglamentación (Río Negro, Catamarca, Corrientes, Mendoza, Misiones, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán).
A este escenario se sumaron las presentaciones de las organizaciones sociales que reclamaron el derecho de la mujer a elegir la realización de un aborto. En la vereda de enfrente estuvieron las organizaciones de tipo religioso que expusieron los derechos del niño por nacer.
Salta un escenario importante de este debate. Juan Manuel Urtubey declaró que no cumpliría el fallo de la Corte. El gobernador emitió un decreto de creación de un protocolo de atención de los abortos no punibles más restrictivo que el fallo del Alto Tribunal. En mayo, dos meses después del fallo de la Corte, el Ministerio de Salud de la provincia aprobó por resolución una Guía de Procedimiento para la Asistencia de toda víctima de Violencia Sexual y la Concreta Atención de los Abortos no Punibles sólo en caso de violación.
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Concepciones sobre el origen de la vida y la muerte, espiritualidad, religión, costumbres, cambios culturales y derechos legales son algunos de los elementos que entran en danza cuando se habla del aborto. En marzo de este año, la Suprema Corte de Justicia volvió a levantar el telón para una presentación sobre la que el país debe dar una resolución. El fallo del Tribunal Supremo sobre un caso particular puso fin a la ambigüedad a la que se había prestado el inciso 2º del artículo 86 del Código Penal. Algunas instancias judiciales habían entendido que para tener derecho al aborto en caso de violación, la víctima debía tener alguna discapacidad mental. El mencionado fallo dejó en claro que el aborto es un derecho para toda víctima de violación que presente ante el personal sanitario una declaración jurada constatando tal situación. Estas decisiones se toman en línea con la posición de la organización Mundial de la Salud, el Comité de Derechos Humanos y del Comité de los Derechos del Niño, ambos de Naciones Unidas.
La resolución puso en jaque a todas las provincias y a las distintas organizaciones sociales en pie de guerra. Cada estado fue responsable de acatar el fallo de la Corte y aplicarlo según sus consideraciones. Hasta noviembre de 2012 nueve provincias desarrollaron un protocolo que respetó en gran medida en fallo de la Corte o adhirieron directamente a la Guía Técnica de Atención Integral de Abortos No punibles realizada por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2007 y actualizada en el 2010 (Buenos Aires, Chaco, Jujuy, Chubut, Córdoba, Formosa, Neuquén, Santa Cruz y Santa Fe); cinco provincias poseen protocolos que no garantizan completamente los derechos avalados por el fallo de la Corte (Salta, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y La Rioja) y 10 no poseen aún ningún tipo de reglamentación (Río Negro, Catamarca, Corrientes, Mendoza, Misiones, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán).
A este escenario se sumaron las presentaciones de las organizaciones sociales que reclamaron el derecho de la mujer a elegir la realización de un aborto. En la vereda de enfrente estuvieron las organizaciones de tipo religioso que expusieron los derechos del niño por nacer.
Salta un escenario importante de este debate. Juan Manuel Urtubey declaró que no cumpliría el fallo de la Corte. El gobernador emitió un decreto de creación de un protocolo de atención de los abortos no punibles más restrictivo que el fallo del Alto Tribunal. En mayo, dos meses después del fallo de la Corte, el Ministerio de Salud de la provincia aprobó por resolución una Guía de Procedimiento para la Asistencia de toda víctima de Violencia Sexual y la Concreta Atención de los Abortos no Punibles sólo en caso de violación.