Acorralado por las críticas y los cuestionamientos por la tragedia de Once, que dejó un saldo fatal de 51 muertos, el ministro de Planificación, Julio De Vido, comparó la crisis del 2001 con el lamentable hecho de hace unas semanas atrás.
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Acorralado por las críticas y los cuestionamientos por la tragedia de Once, que dejó un saldo fatal de 51 muertos, el ministro de Planificación, Julio De Vido, comparó la crisis del 2001 con el lamentable hecho de hace unas semanas atrás.
El funcionario arremetió contra el radicalismo y afirmó que “deben una explicación por los 38 muertos de diciembre de 2001”, pero olvidó el detalle que algunos de los responsables políticos de la violenta represión de ese año están siendo juzgados y que a mediados de año se prevé que comenzará el juicio oral.
La UCR a través de su titular, Mario Barletta, realizó una presentación judicial acusando a Julio De Vido y al exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, de “incumplimiento de sus deberes, administración fraudulenta y defraudación en perjuicio de la administración pública”. En este marco, un tanto desorbitado y fastidioso, De Vido disparó contra el radicalismo, afirmando que “ellos todavía nos deben una explicación por los 38 muertos de diciembre de 2001”. Asimismo, agregó que “todo el mundo tiene derecho a presentar las denuncias que crea necesarias, pero debe haber coherencia entre quien las hace y su historia”.
El dato que el ministro de Planificación omitió fue que los responsables políticos de la violenta represión en el 2001 están siendo juzgados y tendrán su juicio oral a mediados del año. Con De la Rúa beneficiado por un sobreseimiento que ya fue apelado, al banquillo llegarán por ahora, si se concreta la fecha prevista en junio próximo, el exsecretario de Seguridad Enrique Mathov, el exjefe de la Policía Federal Rubén Santos y los entonces comisarios Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero.
Todos están procesados por cinco homicidios culposos, 117 casos de lesiones, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público en una causa que llevó por separado la jueza federal María Servini de Cubría hasta que se apartó, argumentando “violencia moral” por el tenor de los escritos presentados en su juzgado y se dio intervención a su par Claudio Bonadío.
Si se revoca la medida contra el expresidente radical, De la Rúa podría ser sumado al juicio oral por delitos que prevén hasta cinco años de prisión.
Cabe preguntarse si correrán la misma suerte los responsables políticos del control del sistema ferroviario, su mantenimiento y de la concesión de los trenes a empresas privadas, que, hasta el momento, se presentaron como víctimas de lo ocurrido al aparecer el Estado como querellante en la tragedia de Once.
Hasta el momento, la Justicia tan solo prohibió la salida del país de los funcionarios de la Secretaría de Transportes, encabezado por Juan Pablo Schiavi, y a los integrantes de la empresa Trenes de Buenos Aires. Mientras que a De Vido apenas le pidieron que informe sobre las multas aplicadas por fallas en el servicio.