Otra vez se encendió la alarma ante la posibilidad de que los salteños tengan que pagar montos inconstitucionales por el uso del gas.
inicia sesión o regístrate.
Otra vez se encendió la alarma ante la posibilidad de que los salteños tengan que pagar montos inconstitucionales por el uso del gas.
La preocupación surgió a partir del dictamen emitido por el procurador general de la Nación, Esteban Righi, para que la Corte Suprema de Justicia revoque la sentencia que declara inconstitucional la carga tarifaria del gas (decreto 2067/08).
La sentencia cuestionada declaró inconstitucional el cargo tarifario que establecía el decreto 2067/08, por considerarlo contrario al artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Poder Ejecutivo de la Nación dictar decretos en materia tributaria, por ser de resorte exclusivo del Poder Legislativo.
“Estamos preocupados, porque tenemos derechos y la Justicia nos dio la razón, no entendemos por qué el procurador de la Nación emite un dictamen que puede provocar un quebranto para la industria y los hogares salteños. Es fundamental que todos sepan que se trata de un juicio contra el Estado nacional, sin otro fin que la defensa de nuestros derechos”, señaló Guillermo Durand Cornejo, en diálogo con El Tribuno.
Por otro lado, la Cámara Federal expone que existe una “desproporción entre lo cobrado por el efectivo consumo de gas y dicho cargo tributario creado por el decreto, lo que da cuenta de la irrazonabilidad de la medida, ya que se vuelve confiscatoria”.
“Los usuarios del NOA vienen sufriendo una arbitraria discriminación porque son quienes subsidian a los usuarios de las grandes ciudades, que poseen mayor poder adquisitivo y mayor y mejor calidad de vida”.
En el comunicado emitido por la Comisión de Defensa del Consumidor (Codelco) se expresa que “ahora el futuro de la legalidad e institucionalidad del país está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá determinar si los salteños, productores y proveedores de hidrocarburos a todo el país, deben privarse del gas para sus hogares e industrias, en beneficio de que otros ciudadanos lo consuman sin restricciones y prácticamente gratis”.
Incluso sostienen que “no hay que olvidar que, paradójicamente, a la provincia que provee de gas natural a todo el país, sin recibir la justa retribución de la coparticipación federal, es a quien se le pretende privar de aquel hidrocarburo que produce y actualmente sus hogares e industrias lo pagan tres o cuatro veces más caro, aun sin contabilizar el cargo impuesto por el decreto 2067/08”.