Después de la conferencia de prensa un grupo de piqueteros encabezados por Luis Rivero, mencionado por el intendente de Tartagal Sergio Leavy como el autor de varias de las amenazas de muerte que recibió en su teléfono celular, se presentaron en el edificio municipal y desmintieron ser los autores de los mensajes y los llamados telefónicos intimidatorios.
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Después de la conferencia de prensa un grupo de piqueteros encabezados por Luis Rivero, mencionado por el intendente de Tartagal Sergio Leavy como el autor de varias de las amenazas de muerte que recibió en su teléfono celular, se presentaron en el edificio municipal y desmintieron ser los autores de los mensajes y los llamados telefónicos intimidatorios.
El anuncio de Leavy de que por razones de seguridad decidió trasladarse hacia el Regimiento 28 de infantería de Monte generó diversas opiniones entre dirigentes políticos y sindicales y miembros del empresariado norteño.
Fermín Hoyos consideró como "muy lamentable que en plena democracia un intendente se tenga que ir a vivir a una unidad militar pero nadie puede criticar la decisión de Sergio Leavy porque no es fácil soportar amenazas contra la familia".
El diputado provincial por San Martín del Frente Federal Manuel Oscar Pailler por su parte consideró que "la situación que vive el intendente Leavy se enmarca dentro del contexto de inseguridad que vivimos en la zona. Pedir obras o pedir trabajo es una cosa pero amenazar de muerte a un intendente o a su familia es casi una locura. Pero eso sucede en la zona porque nadie se anima a aplicar la ley. La violencia debe ser desterrada definitivamente porque de otra forma no se puede vivir" consideró Pailler.
El empresario Francisco Miguel Esper por su parte, consideró que "ahora el tema de aprietes y amenazas tiene una entidad diferente porque la víctima es el intendente de Tartagal a quien le expresarmos toda la solidaridad pero somos muchos los que nos hemos sentido amenazados por estos piqueteros que hacen lo que quieren porque los funcionarios no se animan a aplicar la ley porque al parecer, nadie quiere hacerse cargo del "costo político".