Un hecho preocupante. Unas 50 armas, en su mayoría pistolas nueve milímetros y revólveres calibre 22, que habían sido incautadas a delincuentes, desaparecieron de la seccional 38, en el barrio de Flores, y el hecho desató un escándalo en la Policía Federal.
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Un hecho preocupante. Unas 50 armas, en su mayoría pistolas nueve milímetros y revólveres calibre 22, que habían sido incautadas a delincuentes, desaparecieron de la seccional 38, en el barrio de Flores, y el hecho desató un escándalo en la Policía Federal.
Fuentes policiales revelaron que la denuncia se radicó “hace un mes” ante la fiscal Mónica Cuñarro.
“Dicen que son 74 armas, pero son 50. Se trata de armas secuestradas en distintos operativos desde 2007”, dijo el vocero de la fuerza.
Por este hecho, la fiscal dispuso que trabaje la Policía Científica y la división de Asuntos Internos de la Federal, ya que, si bien el jefe de la dependencia denunció el faltante, tanto él como el resto de los oficiales “también tienen responsabilidad por no haberlo notado antes”.
“Esto viene de anteriores comisarios, los cuales en su mayoría ya fueron desplazados de la Policía Federal, pero ahora se está en un proceso de investigación que determinará los resultados finales de esto”, añadió.
La seccional tiene jurisdicción en la villa 1-11-14, una zona caliente del delito y el narcotráfico en la Capital Federal, y algunos trascendidos indican que gran parte de esas armas fueron a parar a ese sector, luego de perderse de un galpón de seguridad.
La Justicia sospecha que se trató de un robo por encargo y los investigadores trabajan sobre tres hipótesis: que los compradores de las armas fueron narcos con asiento en las villas mencionadas, piratas del asfalto o mano de obra desocupada de las fuerzas de seguridad.
Hay un uniformado imputado
La causa por el robo de unas 50 armas de la comisaría 38 del barrio de Flores, ahora en secreto de sumario, está a cargo de la fiscal Mónica Cuñarro, quien ya tomó 40 medidas de pruebas e imputó hasta el momento a un uniformado de la dependencia.
Al imputado lo acusó de los delitos de hurto doblemente calificado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y destrucción de medios de prueba, entre otros cargos.