La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó un control de empleo en un campo rural cercano a la localidad de General Enrique Mosconi, en el norte de la provincia de Salta. Allí relevó a 39 trabajadores que no estaban registrados y vivían en el predio padeciendo condiciones de extrema precariedad sanitaria.
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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó un control de empleo en un campo rural cercano a la localidad de General Enrique Mosconi, en el norte de la provincia de Salta. Allí relevó a 39 trabajadores que no estaban registrados y vivían en el predio padeciendo condiciones de extrema precariedad sanitaria.
Los 39 empleados realizaban tareas de desmonte. Ninguno de ellos estaba registrado por el empleador, quien ofrecía una paga promedio de 1.200 pesos por mes, según lo relatado por los propios trabajadores a la AFIP.
Esa suma equivale a la mitad de un sueldo mínimo vital y móvil vigente, con jornadas laborales de diez horas.
La fiscalización tuvo lugar en el campo de más de 1.200 hectáreas perteneciente a la firma Los Dos Ríos SA (conocida empresa del norte salteño dedicada a la actividad agrícola) que en 2011 determinó un saldo de 4 millones de pesos en el Impuesto a las Ganancias.
El predio era explotado por Juana Asunción Gallardo.
Precariedad extrema
Los trabajadores residían en el campo, ubicado a 23 kilómetros de la localidad más cercana, por un camino rural de difícil acceso y casi inaccesible en época de lluvias. No contaban con medios de transporte permanente para trasladarse del lugar y satisfacer, por ejemplo, urgencias médicas.
Según constataron los agentes de la AFIP, los empleados dormían en campamentos construidos a la intemperie, a la margen de los desmontes, en una situación de extrema precariedad. No contaban con agua potable, energía eléctrica, sanitarios, ni primeros auxilios.
El lugar que habitaban era insalubre, con gran presencia de insectos, falta de higiene, y hoyos cavados en la tierra utilizados a modo de baño. La empresa les proveía agua extraída de un pozo ubicado a 6 kilómetros del lugar.
Los obreros vivían en “tiendas” construidas sobre la tierra con ramas y telas plásticas; preparaban sus alimentos sobre el suelo, con mercaderías provistas por su empleador, que almacenaban en sus viviendas precarias conservándolas en mal estado y rodeadas de insectos. Tanto los alimentos como las herramientas de trabajo provistas por su empleador eran posteriormente descontados de sus ingresos.
Tampoco contaban con asistencia sanitaria (el centro de salud más cercano se encuentra en la localidad de General Enrique Mosconi), ni elementos de seguridad laboral. Se constató la falta total de indumentaria requerida por el alto riesgo que implica este tipo de tarea.
En virtud de las condiciones advertidas durante el operativo, la AFIP presentó una denuncia ante la Justicia e informó a los organismos del Estado Nacional competentes en la lucha contra el trabajo ilegal, infantil, explotación laboral o sexual y trata de personas ante la presencia de situaciones de trabajo ilegal.
El procedimiento se realizó con el apoyo de la Gendarmería Nacional.