El juez federal Norberto Oyarbide afirmó ayer que, hasta el momento, no tiene previsto citar a declarar a la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, en la causa por supuesto desvío de fondos públicos y adelantó que Alejandra Bonafini no quedará detenida cuando concurra a prestar declaración indagatoria el 31 de este mes.
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El juez federal Norberto Oyarbide afirmó ayer que, hasta el momento, no tiene previsto citar a declarar a la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, en la causa por supuesto desvío de fondos públicos y adelantó que Alejandra Bonafini no quedará detenida cuando concurra a prestar declaración indagatoria el 31 de este mes.
“No está considerada en este momento” la citación de Bonafini a indagatoria, repitió el juez en declaraciones a los medios y ante la insistencia del entrevistador que le preguntó si no lo descartaba, Oyarbide indicó que podría concretarse “en caso de ser necesario”. Pero enseguida acotó: “No está considerado en este momento, señor, no está resuelto”.
Oyarbide también sostuvo que Alejandra Bonafini, hija de la titular de Madres y extitular de la Fundación, no quedaría detenida el jueves 31, cuando concurra a realizar su declaración indagatoria como supuesta integrante de la asociación ilícita acusada del desvío de fondos. “La gravedad del delito de asociación ilícita y el tema del quantum de la pena es para el jefe y los organizadores... (Alejandra Bonafini) no estaría en principio en ese plano”, sostuvo.
Alejandra Bonafini deberá concurrir a declarar como imputada el jueves 31 de mayo, un día después de que lo haga el principal imputado, Sergio Schoklender, que ha pedido volver a declarar luego de que en la primera audiencia se negara a hacerlo y quedara detenido en el penal de Ezeiza.
Sergio Schoklender está imputado como presunto jefe de una asociación ilícita, mientras que su hermano Pablo y el contador Alejandro Gotkin también están detenidos como supuestos organizadores de ese grupo criminal.
Además, Oyarbide citó a indagatoria a otras 26 personas, entre ellas la psiquiatra Viviana Sala, exmujer de Sergio Schoklender, todos acusados de desviar unos 280 millones de pesos de los fondos públicos que el Estado entregó a las Madres para la construcción de viviendas sociales, en la misión Sueños Compartidos.
Pablo Schoklender sostuvo días atrás que Bonafini, como titular de Madres, tomaba las decisiones en la Fundación, pero no hizo referencia a su hermano, además de negar que hubiera desviado fondos al sostener que el Estado le entregaba la plata una vez que concluían las obras.
Revelaciones sobre Sergio
Por su parte, el escritor y periodista Luis Beldi, autor del libro “Schoklender SA”, reveló cuestiones sobre Sergio Schoklender, quien hoy sigue estando en el ojo de la tormenta por su relación con Hebe de Bonafini. Sobre la causa de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Beldi aclaró: “La próxima declaración de Sergio Schoklender va a ser muy fuerte, va a revelar la ruta del dinero, quiénes se lo quedaron, qué pasó. Quiero ver qué hace Oyarbide con la hija de Hebe de Bonafini, porque recibió mucha plata de la Fundación para departamentos, para viajes. Fue un descontrol y la plata no fue a parar solo a los bolsillos de Sergio”.
La causa, en un informe de EEUU
El Departamento de Estado norteamericano difundió su informe anual en materia de derechos humanos en el que sostiene que la Argentina tiene “instituciones débiles” y una Justicia “ineficaz”. En el capítulo sobre “Corrupción oficial y transparencia gubernamental”, el reporte menciona la causa en la que se investiga al exapoderado de Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender.
Al respecto, el texto señala que “un juez federal inició una investigación sobre presunto fraude y malversación de fondos públicos relacionados con Sergio Schoklender, el administrador financiero de la ONG Madres de Plaza de Mayo”, y especifica que “la ONG había recibido unos 765 millones de pesos del Gobierno para construir viviendas de bajo costo en todo el país”. Agrega que Schoklender “también alegó la corrupción gubernamental en la asignación de fondos para obras públicas y que los proyectos se adjudicaron a menudo sobre la base de sobornos”.