Las ciudades serán actores políticos principales en la edificación de la nueva sociedad mundial del siglo XXI. El mundo que viene se asemejará a una inmensa red de ciudades interconectadas. La creación de una “ciudad-estado” en medio del desierto es el proyecto del gobierno de Porfirio Lobo para erigir a Honduras, que es el país más pobre del continente después de Haití, en un equivalente de los “pequeños tigres asiáticos”, como Hong Kong, Singapur o Taiwán.
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Las ciudades serán actores políticos principales en la edificación de la nueva sociedad mundial del siglo XXI. El mundo que viene se asemejará a una inmensa red de ciudades interconectadas. La creación de una “ciudad-estado” en medio del desierto es el proyecto del gobierno de Porfirio Lobo para erigir a Honduras, que es el país más pobre del continente después de Haití, en un equivalente de los “pequeños tigres asiáticos”, como Hong Kong, Singapur o Taiwán.
La iniciativa consiste en transferir en concesión un territorio deshabitado a una compañía privada y otorgarle un estatuto especial de autonomía, con una legislación propia que permita incentivar una afluencia masiva de empresas transnacionales dispuestas a instalarse y producir en esa nueva ciudad.
El presidente del Congreso hondureño, Juan Orlando Hernández, sostiene que “bajo este régimen legal especial el resultado inmediato será una cantidad masiva de empleo, el necesario para construir autopistas, puertos, aeropuertos y toda la infraestructura de las instalaciones de las empresas que vengan”.
La posibilidad de generar empleo en gran escala es fundamental para un país que exporta anualmente aproximadamente 100.000 ciudadanos, cuya mayoría emigra clandestinamente a Estados Unidos a través de la frontera con México.
Hernández revela: “Hemos recibido varias ofertas de grandes empresas que ensamblan vehículos, electrodomésticos y también productos de alta tecnología”. Entre otros interesados, figuran nada menos que Goldman Sachs y la Fundación Abhu Dhabi para el Desarrollo, uno de los “fondos soberanos” más importantes del mundo.
Según la flamante legislación hondureña, las regiones especiales de desarrollo (RED) son nuevas comunidades urbanas orientadas a atraer inversiones mediante “un ambiente estable” y “reglas transparentes” para todos los emprendimientos privados. El objetivo es adoptar “las mejores prácticas internacionales para atraer la inversión nacional e internacional”.
Estas ciudades se regirán con normas particulares, tendrán un presupuesto propio y una gran autonomía, que les permitirá recaudar sus impuestos, establecer las tasas que consideren pertinentes para los servicios públicos que presten y contratar su propia deuda interna y externa. No podrán emitir su propia moneda, pero sí determinar cuál o cuáles tendrán curso legal en su territorio. Las RED también podrán tener un cuerpo administrativo y una policía propios, firmar tratados comerciales con otros países y establecer normas de inmigración.
Actualmente, el Gobierno de Tegucigalpa analiza con los inversores interesados en la iniciativa cuatro regiones del país de aproximadamente 1.000 kilómetros cuadrados para determinar el sitio de emplazamiento más adecuado para el primer “Hong Kong hondureño”.
Las obras de infraestructura se iniciarán el año próximo y la ciudad será inaugurada en 2020.
De la teoría a la práctica
La ambiciosa iniciativa, calurosamente respaldada por el empresariado local, es el resultado de un proyecto elaborado por Paul Romer, un reputado economista, profesor de la Universidad de Stanford y empresario exitoso, erigido en predicador de las ciudades libres (“charter cities”) como camino para terminar con la pobreza en el mundo.
Según Romer, el crecimiento económico depende de las normas legales que regulan las actividades empresarias. Los países pobres tienen normas deficientes, que desincentivan la inversión y la creatividad empresaria.
El economista cita habitualmente el caso de Guinea: todos los adolescentes tienen acceso a un teléfono móvil, pero tienen que hacer sus deberes escolares en la calle, debajo de un farol del alumbrado público, porque no tienen electricidad en sus casas. Explica que el control de precios sobre la electricidad hace que los empresarios no inviertan en la expansión de la red domiciliaria, ya que pierden dinero con cada unidad adicional instalada.
En cambio, en el sector de las comunicaciones no existen esas restricciones. La solución obvia sería eliminar los controles de precios, pero muchas veces, por razones políticas, no se puede hacerlo tan fácilmente. Una ciudad libre puede partir de cero, son reglas apropiadas para la inversión.
Lobo y Hernández conocieron a Romer el año pasado, durante un viaje oficial a Estados Unidos. Entusiasmados con la iniciativa, regresaron al país e impulsaron un proyecto de ley que fue aprobado rápidamente. Dos meses más tarde, una delegación de legisladores viajó a Singapur y a Corea del Sur para negociar con las compañías constructoras que edificarán la nueva ciudad.
Romer pronostica que, diez años después de la creación de la primera RED, la economía hondureña crecerá a un ritmo de entre el 7% y el 8% anual y que en veinte años la renta de quienes trabajen en las nuevas ciudades podría llegar a unos 32.000 dólares, unos quince veces superior a la actual. “En unos diez años, todo hondureño que quiera trabajar lo va a poder hacer”, prometió Romer.
Durante los primeros años, los puestos de trabajo corresponderán a empleos de baja calificación profesional, tal como sucedió en las ciudades asiáticas. “Esas ciudades ofrecen oportunidades de trabajo a mano de obra poco calificada, que se educa mientras trabaja y gradualmente asciende socialmente hasta ser parte de la clase media y algunos van más allá”, señaló el Secretario General de la Presidencia, Octavio Sánchez.
Dos antecedentes ilustres
Los críticos del proyecto consideran que su implementación lesiona la soberanía nacional, y lo califican como el ensayo de un “nuevo colonialismo”. Sus defensores arguyen que el mismo principio de “un país, dos sistemas”, que Deng Xiaoping estableció para conseguir en la negociación con Gran Bretaña el reintegro de Hong Kong y Beijing plantea ahora como garantía legal para la reincorporación de Taiwán, sirve también para fundamentar el proyecto de “ciudades libres”.
La experiencia china de reformas económicas y de apertura internacional, que en solo tres décadas proyectó al gigante asiático como la segunda potencia económica mundial, fue iniciada en 1979 por Deng con el establecimiento de las llamadas “zonas económicas especiales”.
Esto significó el otorgamiento de un estatuto especial a diversas ciudades y estados costeros, a fin de establecer un régimen legal que eliminara las restricciones burocráticas impuestas por el Estado y generase un “paraíso de inversión” capaz de alentar la radicación masiva de las grandes corporaciones transnacionales.
Curiosamente, las primeras ciudades fundadas por los colonos británicos en el territorio norteamericano fueron también el resultado de diferentes acuerdos bilaterales celebrados con la Corona, que permitieron un régimen de amplísima autonomía legal.
Su libre funcionamiento fue la base de su notable prosperidad económica y la piedra angular del singular federalismo estadounidense.
Con este controvertido proyecto de las “ciudades libres”, el gobierno de Lobo se vanagloria de estar emulando a las dos experiencias históricas más exitosas de la historia económica mundial: China y Estados Unidos.