La Ley Nº 7667, más conocida como la ley de talles, vigente desde el 2005, obliga, en teoría, a los comercios de venta de ropa a disponer de talles especiales para personas con problemas de sobrepeso y obesidad. Sin embargo, a lo largo del tiempo se ha demostrado que ha sido inaplicable y de muy difícil cumplimiento.
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La Ley Nº 7667, más conocida como la ley de talles, vigente desde el 2005, obliga, en teoría, a los comercios de venta de ropa a disponer de talles especiales para personas con problemas de sobrepeso y obesidad. Sin embargo, a lo largo del tiempo se ha demostrado que ha sido inaplicable y de muy difícil cumplimiento.
No obstante, desde la legislatura de la ciudad de Buenos Aires se está analizando una nueva ley más abarcativa y compleja que la actual y que propone, entre otros puntos, sanciones para los comercios que no cumplan con los requisitos exigidos por dicha normativa.
Si bien este nuevo proyecto mantiene el mismo espíritu de la fallida ley de talles, considera ítems más elaborados, modificando radicalmente los requisitos exigidos a los comerciantes. Aun cuando ambas normativas apuntan a terminar con la discriminación en una cuestión tan básica como el derecho a la vestimenta, el nuevo proyecto también apunta a garantizar la correcta identificación de los talles en coincidencia con la realidad.
En este sentido, la parlamentaria Beatriz Avila, presidenta de la Comisión de Salud, aseguró que “hay prendas que se identifican en el mercado con talles como XL o M y que no son coincidentes con la realidad, ya que terminan siendo talles más pequeños de lo que debieran ser”.
Otro de los puntos básicos que se pretende modificar es la falta de talles especiales disponibles en el mercado.
“Debemos apuntar que las personas, cuando vayan a un local, puedan conseguir cualquier prenda en cualquier talle”, Afirmó Avila.
La norma también pretende poner fin a la disyuntiva planteada entre la moda y los prendas de tamaño considerados popularmente fuera de lo normal.
Estos dos últimos puntos desataron la polémica. Por un lado, la presión social de quienes carecen de opciones para vestirse obliga a las autoridades a buscar una alternativa para facilitarles la ardua tarea de vivir en un mundo donde lo delgado es lo “aceptable”.
Por el otro, están los comerciantes que no quieren reducir sus ganancias proveyendo de un producto de baja rentabilidad.
Los costos de vender este tipo de ropa, las exigencias de los proveedores y la dificultad de venta, hace que sean pocos los que se animen a ponerse la camiseta a favor de “los gorditos”, pensando más en sus ganancias que en proveer un servicio. Aunque no es justificativo, puede entenderse que en la cabeza del negociante no sea una prioridad ya que al ser poco rentable muchos no podrían hacer frente a los costos y a las exigencias del mercado si debiera adecuar su local a los requerimientos de la ley.