Nunca, desde que asumió la gobernación en diciembre de 2007, Juan Manuel Urtubey atravesó una semana tan crítica para su administración como la que finalizó ayer. Ni siquiera cuando el 29 de julio de 2011, en la quebrada de San Lorenzo, turistas que caminaban por el lugar encontraron a pocos metros de un transitado sendero de trekking los cuerpos sin vida de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, las dos jóvenes francesas que habían sido vistas por última vez catorce días antes y a quienes nadie buscaba, porque la dueña del hostal donde se alojaban no había denunciado su desaparición. El brutal ultraje y posterior asesinato de Cassandre y Houria tuvieron una enorme repercusión nacional e internacional y prendieron la luz sobre un escenario provincial que mostraba graves falencias en materia de control y seguridad pública.
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Nunca, desde que asumió la gobernación en diciembre de 2007, Juan Manuel Urtubey atravesó una semana tan crítica para su administración como la que finalizó ayer. Ni siquiera cuando el 29 de julio de 2011, en la quebrada de San Lorenzo, turistas que caminaban por el lugar encontraron a pocos metros de un transitado sendero de trekking los cuerpos sin vida de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, las dos jóvenes francesas que habían sido vistas por última vez catorce días antes y a quienes nadie buscaba, porque la dueña del hostal donde se alojaban no había denunciado su desaparición. El brutal ultraje y posterior asesinato de Cassandre y Houria tuvieron una enorme repercusión nacional e internacional y prendieron la luz sobre un escenario provincial que mostraba graves falencias en materia de control y seguridad pública.
Al enterarse poco antes de las ocho de la noche que habían aparecido muertas Yanina Nesch y Luján Peñalva, las adolescentes que eran intensamente buscadas por familiares, amigos, vecinos y policías, Urtubey vio planear sobre Las Costas el fantasma de María Soledad Morales y la sombra del ex gobernador catamarqueño Ramón Saadi. Es que a poco más de un año de aquella tragedia, el episodio parecía reiterarse.
La triste noticia se posicionó rápidamente como la principal en las radios, los canales de noticias, las páginas web de los diarios y los sitios digitales de información. Facebook y Twitter acompañaban y potenciaban la repercusión nacional e internacional de un episodio que era relacionado con el asesinato de las turistas francesas, la desaparición de María Cash, vista por última vez en el peaje de Aunor en junio de 2011, veintiún días antes de la aparición de los cuerpos de Bouvier y Moumni, los restos óseos aparecidos en Cafayate y pertenecientes a una mujer cuya identidad aún se desconoce, etc.
Por cierto los comentarios de los lectores y usuarios de las diferentes redes sociales eran demoledores para la figura del gobernador, opiniones que tal vez, separando la paja del trigo, podríamos representarlas a todas en una, breve y contundente, publicada en el foro de La Nación y que decía simplemente: POR DIOS, QUE PASA EN SALTA Así, con mayúsculas y varios signos de admiración.
Urtubey percibió entonces, acertadamente, que la opinión pública nacional y provincial comenzaba a cuestionar crecientemente un perfil, el suyo, laboriosamente construido por asesores de imagen y comunicación que imaginan a la Casa Rosada como la línea de meta de una carrera en la que su protagonista, si de algo no carece, es de astucia, oportunismo, manejo de los tiempos y ambición por el poder.
Así las cosas decidió tomar el toro por las astas y “dar la cara”. A las 21, en medio de una gran expectativa provincial y nacional, se dispuso a dar una conferencia de prensa en la Jefatura de Policía, flanqueado por el titular de la repartición, Marcelo Lami, su ministro de Seguridad, Eduardo Sylvester, el intendente Miguel Isa y el jefe de los diputados, Santiago Godoy, quien consideró necesario aclarar a los periodistas que “me invitaron y vine”.
El gobernador había visitado previamente el lugar donde aparecieron muertas las adolescentes y encaró a la prensa sabiendo que una de las hipótesis que más peso tenía hasta ese momento, era la de un “pacto suicida”.
Sobreactuando y fuera de libreto, una periodista perteneciente a un medio financiado por el gobierno, creyó necesario darle el pie y preguntó: ¿es cierto que se maneja la hipótesis de un suicidio? Urtubey cortésmente la eludió respondiéndole que todo estaba en manos del juez Farah y que “no se descartaba ninguna”. Pero la hipótesis quedó instalada.
Sin embargo, cometió un error que le provocaría renovadas críticas en las redes sociales. “Salta tiene la tasa de criminalidad más baja del país”, aseguró y ante otra pregunta sobre la situación de Salvador Mazza y los crímenes mafiosos que vienen sacudiendo a esa localidad, no dudó en desligarse del tema al decir que lo que allí sucede es responsabilidad del Estado nacional, porque se trata de una zona de frontera.
A partir de ese momento las luces de los despachos oficiales permanecieron encendidas hasta altas horas de la madrugada, a la espera de los resultados de la autopsia que realizaban los forenses a Yanina y Luján mientras en la Capital Federal, en el quinto piso de un edificio ubicado en Corrientes 1680, se elaboraban estrategias mediáticas para enfrentar “la crisis”. Allí atienden los responsables de una consultora encargada de la “imagen y el posicionamiento” de Juan Manuel Urtubey en el establishment periodístico porteño, que gira comercialmente como Mauro & Estomba y que disfruta de un jugoso contrato con el gobierno de la provincia.
A la 1.30 finalizó la autopsia. Los resultados que se divulgaron trajeron cierto alivio en ambas sedes sin embargo, avanzada la tarde del martes, era indudable que la sospecha y la desconfianza continuaban instaladas en la opinión pública, mientras que el juez Pablo Farah decidía mantener la carátula del caso como “Muerte Dudosa”.
El miércoles le reservaba al gobierno nuevas noticias desagradables. Mientras en Pichanal aparecían los restos de una joven de entre 15 y 20 años que murió apuñalada, por Internet se divulgaban las escalofriantes imágenes de una sesión de tortura en la comisaría 11 de Gemes.
El ministro de Seguridad aseguró que había tomado conocimiento de ese video -grabado probablemente en junio de 2011- el 18 de julio de 2012 a las 19.47 (sic) . El mismo día a las 22 se constituyó personalmente en el despacho del juez Farah para denunciar los apremios ilegales contra los detenidos, por “expresas instrucciones del señor gobernador”.
Entretanto el material subido a Internet por el diario Perfil, se reproducía en páginas web del mundo entero que fueron vistas por centenares de miles de personas.
También quedaron algunos interrogantes
¿Por qué divulgaron el video un año después de haber sido grabado?
¿En poder de quién o quienes estuvo durante todo ese tiempo?
¿Hubo acaso una operación de propaganda, basada en un hecho que ya era conocido y cuyas pruebas estaban en poder de las autoridades, pretendiendo sacar, de esta manera, la leña del fuego provocado por la trágica muerte de las adolescentes de barrio San Carlos y la aparición del cadáver de otra joven en Pichanal?
¿Se intentó cambiar de este modo el eje de la cobertura mediática?
La indagatoria prevista para hoy del policía Roberto Augusto Barrionuevo, acusado de ser quien grabó las imágenes, tal vez contribuya a despejar algunas dudas. Otras quedarán para siempre ocultas en las brumas del marketing político. Una estrategia que a veces se usa para engañar o manipular a la opinión pública.