La defensora Natalia Buira, en su condición de especialista en derechos humanos, aseguró que las torturas que salieron a luz en la Comisaría de General Gemes no son un “hecho aislado” cometido por “delincuentes”, como sostienen funcionarios provinciales, sino una muestra de “prácticas sistemáticas” por las que existe “responsabilidad institucional” del Estado.
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La defensora Natalia Buira, en su condición de especialista en derechos humanos, aseguró que las torturas que salieron a luz en la Comisaría de General Gemes no son un “hecho aislado” cometido por “delincuentes”, como sostienen funcionarios provinciales, sino una muestra de “prácticas sistemáticas” por las que existe “responsabilidad institucional” del Estado.
Buira, master en derechos fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid, remarcó que las vejaciones filmadas en Gemes emergen de prácticas recurrentes y estructurales que persisten en las fuerzas de seguridad de la Provincia, a treinta años de iniciada la restauración democrática tras el terrorismo de Estado.
En una carta abierta al Gobierno de Salta, la letrada afirmó que uno de los pilares que hacen al sostenimiento de esta clase de vejámenes es “la falta de compromiso del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal en la investigación, y consecuente sanción de los autores materiales, en las denuncias de torturas y apremios ilegales”. En tal sentido, hizo notar que, de acuerdo con cifras señaladas por la presidencia de la Cámara de Diputados, hubo en los últimos cinco años más de 1.900 denuncias, sin que se conozca hasta ahora cuántas fueron resueltas. Recalcó que, a la par de estas presentaciones, deben considerarse los casos que no son denunciados porque las víctimas se encuentran bajo la custodia de esas mismas fuerzas de seguridad.
Buira advirtió que es una práctica reiterada de los funcionarios judiciales realizar una errónea calificación de los hechos denunciados, asimilando tormentos o torturas con apremios ilegales, lo que deriva en una considerable diferencia de la pena aplicable, sin dejar de advertir que son muy pocas las denuncias que no terminan estancadas.
La falta de sanción, observó, genera impunidad y refuerza la repetición de dichos crímenes, con lo que “queda cada vez más lejana la erradicación de la tortura en la Provincia”.
En su opinión, para asegurar que las víctimas de tortura tengan acceso real a justicia debería implementarse una oficina de querellantes públicos que asistan en juicio a víctimas carentes de recursos económicos. De otro modo, dijo, el acceso a justicia de las víctimas de delitos es sólo una retórica.