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La separación de poderes

Miércoles, 22 de agosto de 2012 23:26

Distintos medios de comunicación se han hecho eco por una lado de la denuncia realizada en sede judicial en contra de un juez de la provincia y por otro de la petición hecha a la Legislatura para que inicie la investigación el caso.

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Distintos medios de comunicación se han hecho eco por una lado de la denuncia realizada en sede judicial en contra de un juez de la provincia y por otro de la petición hecha a la Legislatura para que inicie la investigación el caso.

La celeridad es buena pero también lo es la prudencia si lo que se quiere es respetar los procedimientos que las leyes fijan para todos los ciudadanos.

Todos conocen, aunque sea de manera vaga, que la garantía básica de la presunción de inocencia es algo que ampara a cualquier habitante del país.

Pero merece subrayarse que esa garantía puntual de la Constitución Nacional, en la de Salta se expresa de modo más técnico y preciso en su artículo 20: “Nadie es considerado culpable hasta la sentencia definitiva”.

Como sólo el Poder Judicial dicta actos llamados sentencias -con excepción de la Legislatura en el caso de un juicio político- ningún otro poder del estado podrá hacerlo lo que implica necesariamente que tampoco pueden realizar los procedimientos previos, como por caso iniciar una investigación de los hechos, actividad reservada únicamente al juez natural, que es el que pertenece al Poder Judicial.

Respetar la independencia

De igual modo, si el Ministerio Público ha tomado intervención en los hechos; dada su característica de órgano autónomo e independiente de los demás Poderes Públicos y teniendo como deber el ejercicio de la acción penal pública, cualquier posible sustracción de esas facultades investigativas vulneraría su independencia.

El marco jurídico argentino establece una saludable separación en el accionar de los tres Poderes del Estado y en el caso de Salta, de los tres Poderes y del Ministerio Público.

Ello permite a cada uno el ejercicio pleno y eficaz de sus facultades y atribuciones, y a su vez asegura a cada ciudadano el desarrollo de un juicio justo que sentenciará un juez del Poder Judicial. No hay otro camino.

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