“Fútbol Para Todos” fue otra vez el escenario de combate elegido por el kirchnerismo. Semanas atrás lo padeció el porteño Mauricio Macri por el traspaso de los subtes, después el cordobés José De la Sota por las jubilaciones, y ahora Clarín por la Ley de Medios. Ocurre que el Gobierno anunció ayer que someterá a “concurso público” las licencias del Grupo que excedan el mínimo establecido en la nueva ley norma a partir del 7 de diciembre, si es que la empresa no presenta un plan de adecuación. Lo hizo a través de un extenso spot difundido durante la programación de “Fútbol Para Todos”, en el que calificó al Grupo como “una verdadera cadena nacional ilegal” con “más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de TV abierta”.
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“Fútbol Para Todos” fue otra vez el escenario de combate elegido por el kirchnerismo. Semanas atrás lo padeció el porteño Mauricio Macri por el traspaso de los subtes, después el cordobés José De la Sota por las jubilaciones, y ahora Clarín por la Ley de Medios. Ocurre que el Gobierno anunció ayer que someterá a “concurso público” las licencias del Grupo que excedan el mínimo establecido en la nueva ley norma a partir del 7 de diciembre, si es que la empresa no presenta un plan de adecuación. Lo hizo a través de un extenso spot difundido durante la programación de “Fútbol Para Todos”, en el que calificó al Grupo como “una verdadera cadena nacional ilegal” con “más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de TV abierta”.
“Si el Grupo Clarín se sigue negando a cumplir con la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares, quienes obviamente deberán cumplir con todos los requisitos legales, como cualquier hijo de vecino”, indicó el spot oficial.
Firmado por el Afsca, organismo de aplicación de la nueva ley de medios, el mensaje establece el límite del próximo 7 de diciembre, fecha en que vence la medida cautelar que mantiene suspendido para el Grupo Clarín la aplicación del artículo 161, el que establece el plazo de un año para desprenderse de licencias y adecuarse a la normativa. En respuesta, Clarín denunció en su portal web que se trató de una “amenaza directa del Gobierno contra el Grupo”, lo atribuyó a “la cobertura del cacerolazo” de la semana pasada y sostuvo que la licitación es “una maniobra ilegal”, ya que tras el 7 de diciembre “no debe suceder jurídica ni fácticamente nada con los medios del Grupo”. El mensaje del Afsca, además, advierte que “el Estado argentino no va a expropiar ni estatizar medios de comunicación”, y que sí “va a garantizar las fuentes de trabajo”.